El Gobierno prepara un cambio de fondo al proyecto de ley de inteligencia artificial que la Cámara aprobó en octubre de 2025, durante la administración anterior. La indicación sustitutiva debería llegar al Senado en los primeros días de septiembre, según reveló Ex-Ante el domingo, y por lo adelantado el giro no es menor: menos regulación basada en riesgos y más espacio para experimentar. La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, lo resumió en julio en el Senado: Europa, dijo, nos dio lecciones de lo que no hay que hacer.
Hay buenas razones para revisar el proyecto que salió de la Cámara. La ministra dice que el texto tiene problemas de estructura, con obligaciones sin una secuencia clara y conceptos que no se mantienen a lo largo del articulado. Esa crítica la comparto. Los espacios controlados para probar sistemas antes de llevarlos al mercado, que el Gobierno quiere crear, son buena idea bajo cualquier modelo. Y los programas de reconversión laboral que promete hacen falta desde hace rato.
El problema empieza en otra parte, en una frase de la ministra: las sanciones serán “proporcionales a un daño concreto y no a un riesgo teórico”. Suena razonable. Nadie quiere multar a una startup por un peligro imaginario. Pero la frase abre una pregunta más grande que la de las multas. Si la ley exige un daño concreto para intervenir, ¿qué pasa con los usos donde el problema consiste precisamente en prevenirlo? Una regulación basada en riesgos pone condiciones antes de que el sistema llegue a afectar a una persona.
Una que solo reacciona frente al daño comprobado desplaza parte de esa carga hacia después. Y en inteligencia artificial demostrar ese daño puede ser muy difícil. Quien queda fuera de un crédito por un puntaje automático o no pasa un filtro de selección rara vez sabe que hubo un sistema de por medio, y cuando lo sabe, no siempre tiene cómo demostrar que ahí estuvo la causa. Esa es una de las razones para regular ciertos riesgos antes del daño: cuando una decisión automatizada es opaca, probar después qué produjo el perjuicio puede ser bastante más difícil que prevenirlo.
Habrá una manera bastante simple de evaluar el giro. El proyecto que se va a reemplazar prohibía, entre otras cosas, la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público, la calificación social genérica, la creación de bases de reconocimiento facial con imágenes extraídas de internet o de cámaras sin consentimiento, y la evaluación de estados emocionales en el control de fronteras o en el trabajo. ¿Sobreviven esas prohibiciones en la indicación sustitutiva o pasan a la categoría de riesgo teórico? La nota que reveló el giro no lo dice y nadie podrá decirlo hasta que el texto ingrese. Es lo primero que hay que buscar.
Los ejemplos que se usaron en el Senado, mirados de cerca, permiten una lectura más modesta: se puede tomar distancia de los excesos del modelo europeo sin abandonar la prevención. Hace unas semanas escribí acá que Europa había parpadeado. Lo que hizo, en rigor, fue postergar hasta fines de 2027 buena parte de las obligaciones para sistemas de alto riesgo que debían regir en agosto de este año. Otras obligaciones siguieron su calendario.
Las prohibiciones están vigentes desde febrero de 2025, y la misma reforma que aplazó lo demás agregó una nueva, contra la generación de imágenes íntimas sin consentimiento. El piso quedó donde estaba. Y el caso Mistral, citado como víctima de la sobrerregulación, tiene un detalle: Arthur Mensch, su cofundador y CEO, firmó en julio de 2025 la carta con que cerca de cincuenta ejecutivos de grandes empresas europeas pidieron a la Comisión postergar por dos años la entrada en vigor de sus principales obligaciones. Eso no descalifica el argumento, pero conviene saber de dónde viene el ejemplo.
Lo mismo con Singapur. AI Verify, que la ministra fue a conocer, es una herramienta voluntaria: la empresa prueba su propio sistema y muestra los resultados. No otorga permisos ni impone sanciones. Sirve para demostrar buenas prácticas, pero no responde qué usos deberían estar prohibidos.
Chile no necesita escoger entre innovación y prevención. Puede corregir los excesos de una regulación por riesgos, con espacios para experimentar y guías técnicas. Y puede, al mismo tiempo, conservar una lista corta de usos prohibidos de entrada, sin espacio de prueba que valga. La identificación biométrica remota en espacios públicos y la calificación social figuran en esa lista en el texto que hoy discute el Senado.
Cuando la indicación ingrese, la primera lectura debería ser contar cuántas de esas prohibiciones sobrevivieron. Si se mantienen, el giro será principalmente de método y habrá que discutir si el nuevo modelo funciona mejor. Si desaparecen, la pregunta será otra: cuánto del riesgo de esos usos deberá asumir quien termina afectado por un sistema y cuánto seguirá siendo responsabilidad de quien lo desarrolla o utiliza. Y, sobre todo, quién tendrá que demostrar el daño.
