Chile no necesita una restauración moral que persiga usuarios ni divida al país entre virtuosos y pecadores. Una política de drogas exige visión sanitaria y respeto por la autonomía individual
Los allanamientos a Dispensario Nacional, la renuncia del subsecretario Juan Pablo Rodríguez y la obligatoriedad de realizar exámenes de consumo de drogas a los parlamentarios y autoridades, revelan la forma que la política de drogas está adquiriendo en Chile.
El presidente ha arremetido contra las drogas para evitar que una autoridad entre en relación con el crimen organizado, porque puede adquirir dependencia del narcotraficante, arriesgando corrupción, exponiendo a la República.
Justamente los dispensarios de Cannabis- varios cientos a lo largo el país- existen en virtud de la ley de drogas para evitar que los usuarios entren en contacto con el mercado negro. Son una solución que lleva 10 años implementándose en Chile, que ha mejorado el acceso, calidad, eficacia y disminuido los riesgos asociados al consumo de drogas ilícitas, derivando los escasos recursos policiales a perseguir delitos no herbolarios, encarcelando menos ciudadanos por delitos menores asociados a drogas y generando mercados regulados.
La ley de facto permite el cultivo de cannabis sativa con receta médica, en virtud de sus propiedades medicinales y respetando el principio que la ley sanciona, es decir, el comercio de estas sustancias. Procuran evitar el lucro y proteger el acceso a la planta para fines medicinales.
No obstante, la antigua fuerza prohibicionista ha sido movilizada por el propio presidente de la República, con el gesto simbólico de cortarse el cabello -al asumir- para someterlo a la opinión pública cual trofeo ético, garantía de excelencia, moral y virtud de quién, no consumiendo drogas, restaura con beatitud, pureza y respeto por el supuesto orden natural, los valores públicos, asociando linealmente la abstinencia del consumo, templanza y contención suprema con el renacimiento del hombre de bien.
La declaración funciona bien para la superficie del juicio popular: quien podría negarse a llevar una vida saludable de ayuda a los demás, en su completa racionalidad y en la negación del consumo de drogas. Nos refriega: “no necesitas consumir drogas” El viejo lema de Nancy Reagan “Just say no!” (1980)
Sin embargo, esta fórmula incorpora una intromisión inaceptable en la vida privada de las personas, puesto que el consumo de drogas no es delito tipificado por la ley 20.000 ni tampoco al Estado le corresponde velar por la bondad o corrección de la conducta privada. La propia Constitución garantiza la vida privada de las personas, por lo cual no es descabellado pensar en acudir al Tribunal Constitucional si estos proyectos avanzan.
Adicionalmente, esta persecución a dispensarios solo generará un mercado negro más robusto aún, puesto que justamente los usuarios acceden a los dispensarios que pagan impuestos, leyes sociales, tienen trazabilidad y facilitan el acceso de los pacientes que usan drogas. Lejos están de las cadenas de suministros del gran narcotráfico transnacional.
Indignante resulta constatar como el presidente equipara virtud con abstinencia. No solo porque estigmatiza a quienes usan drogas, sino porque define negativamente virtud, asignándosela a quién carece de mérito moral, simbolizándola simplemente en la abstinencia, en una maniobra reduccionista que castiga injustamente a quién consume drogas y otorga valor irreal a quién no lo hace.
Chile no necesita una restauración moral que persiga usuarios ni divida al país entre virtuosos y pecadores. Una política de drogas exige visión sanitaria y respeto por la autonomía individual. Exigir exámenes como credencial de idoneidad pública no garantiza mejores autoridades; solo consolida un populismo moral que esquiva los verdaderos desafíos de la salud pública y convierte la privacidad de las personas en un espectáculo político.
Contemplamos una restauración moral de fines del siglo XX en toda regla.
