Políticamente ya existe un hecho imposible de esconder. El Gobierno tuvo que pedir la salida de su seremi. Y no es un episodio aislado, ya son cinco las salidas forzadas de integrantes del gabinete regional del Gobierno de Kast en Arica y Parinacota.
Patricio Löhr Tapia, ex Seremi de Transportes de Arica / *Imagen mejorada con Inteligencia Artificial
El Partido Republicano llegó al Gobierno prometiendo algo que repetía hasta el cansancio: orden, autoridad y probidad. Sus dirigentes construyeron buena parte de su identidad política denunciando los privilegios, los conflictos de interés y las malas prácticas de quienes los precedieron. Pero existe un pequeño problema con esa retórica, la probidad deja de ser un principio cuando solo se exige a los adversarios.
El caso de Patricio Löhr Tapia, ahora exseremi de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota, constituye un incómodo recordatorio de esa contradicción.
De acuerdo a El Mostrador, el Ministerio de Transportes solicitó su renuncia después de que la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) denunciara que Löhr habría presionado a una funcionaria de la DGAC para permitir el ingreso al Aeropuerto Internacional Chacalluta de trabajadores de su empresa, LohrAviation FBO Chile SpA, pese a que ésta no contaba con un permiso operacional vigente.
Según relató el presidente nacional de la ANFDGAC, Javier Villarroel, el jueves, entre las 17:00 y las 17:30 horas, Löhr llamó desde su teléfono particular a la encargada del Área de Seguridad y Acreditación de la DGAC. El motivo habría sido solicitarle que autorizara el ingreso de trabajadores de su empresa al terminal aéreo.
La funcionaria le habría explicado que LohrAviation no tenía autorización para ingresar, debido a que su permiso había caducado y una nueva autorización todavía se encontraba pendiente. Según la denuncia gremial, la negativa habría provocado molestia en el entonces seremi, quien incluso habría advertido que emprendería acciones legales contra ella y contra quienes se opusieran al ingreso. También habría manifestado sentirse perseguido y preocupado por el estrés de su hijo.
Después, la funcionaria informó de la situación a su jefe de Seguridad, quien le habría entregado su respaldo. Aquí está el punto que debería interesar especialmente a quienes hacen gárgaras hablando de cargos públicos: una autoridad no puede confundirse con un empresario defendiendo los intereses de su empresa.
En este caso la conexión empresarial no es una interpretación caprichosa. LohrAviation FBO Chile SpA fue creada por el propio Patricio Löhr en 2018, cinco años después de abandonar la DGAC. La empresa presta servicios a aeronaves no comerciales en Chacalluta desde 2018. En mayo de 2026 venció el convenio que mantenía con la sociedad concesionaria del aeropuerto, obligando a iniciar un nuevo proceso para obtener autorización operacional y permitir que sus trabajadores y vehículos pudieran acceder a las zonas restringidas.
Según la ANFDGAC, LohrAviation dispuso inicialmente de un permiso temporal mientras regularizaba sus antecedentes, pero éste también expiró sin que se completara la documentación exigida. Desde entonces, la empresa no habría podido ingresar al aeropuerto y habría debido operar desde el exterior por razones vinculadas con la seguridad operacional.
Aquí aparece el elemento más delicado: Löhr había declarado LohrAviation en su Declaración de Intereses y Patrimonio al asumir como seremi, pero la empresa no fue enajenada. La administración de la sociedad habría quedado en manos de su hijo, Patricio Löhr Quezada.
Es decir, no estamos hablando de una empresa desconocida que apareció de pronto en la vida de una autoridad. Estamos hablando de una sociedad creada por quien posteriormente llegó a ocupar la Seremi de Transportes, vinculada directamente con el mismo ámbito aeronáutico en el que debía ejercer autoridad.
El problema, entonces, no es solamente jurídico. Es político y ético.
Max Weber enseñó que la administración moderna descansa precisamente en la separación entre el interés personal y el ejercicio impersonal del cargo. Cuando un funcionario utiliza la autoridad pública para intervenir en un asunto que toca sus intereses privados, esa frontera comienza a desdibujarse.
Patricio Löhr no es un militante republicano cualquiera. Al mismo tiempo que ejercía como seremi, era presidente del Tribunal Supremo Regional del Partido Republicano.
La ironía resulta difícil de ignorar: quien ocupaba un cargo encargado de velar por la disciplina interna del partido terminó abandonando una posición gubernamental en medio de una denuncia que precisamente involucraba eventuales faltas a la probidad, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Políticamente ya existe un hecho imposible de esconder. El Gobierno tuvo que pedir la salida de su seremi. Y no es un episodio aislado, ya son cinco las salidas forzadas de integrantes del gabinete regional del Gobierno de Kast en Arica y Parinacota.
Como sostuvo John Stuart Mill, el poder público solo puede legitimarse cuando su ejercicio puede ser sometido al escrutinio de quienes están sujetos a él.
Este caso deja una pregunta bastante más importante que la suerte política de un exseremi: ¿Era la probidad una convicción republicana o solamente una herramienta para atacar al enemigo?
