Las metas y los incentivos financieros para el Estado ya están sobre la mesa. Con el año 2030 a la vuelta de la esquina, el reto ya no es solo decretar parques, sino demostrar la capacidad fiscal e institucional para cuidarlos.
El bosque nativo ayuda a Chile a protegerse de las lluvias extremas - Imagen cedida
Siempre es bueno hacer una revisión de como el país lo está haciendo en términos de sus políticas públicas en biodiversidad y sin duda que la efeméride de los parques nacionales es una fecha apropiada para mantener esta conversación. Es bueno también, tener metas ambiciosas, que nos comprometan ante nuestros pares internacionales a cumplir y avanzar respecto de lo que ya existe. Una de ellas es la meta de llegar al 30% de áreas bajo conservación para el año 2030, y hacerlo con gestión efectiva.
Chile ostenta cifras positivas en superficie terrestre y marina declarada bajo figuras de protección. Ese reconocimiento es legítimo, pero insuficiente. Que un ecosistema cuente con protección legal eleva las exigencias e incompatibilidades en las evaluaciones de impacto ambiental, pero el decreto es solo el punto de partida. Un área protegida requiere gestión efectiva: gobernanza, planificación y presupuesto, personal en terreno y monitoreo continuo.
En enero 2026, Chile fue un pasó más allá emitiendo los primeros bonos soberanos con indicadores de gestión efectiva de las áreas protegidas. Chile incorporó en la emisión de sus bonos soberanos solo la cobertura territorial de áreas protegidas terrestres, sino que indicadores explícitos de gestión efectiva. Este mecanismo vincula directamente el costo del endeudamiento fiscal al cumplimiento de metas concretas de: gobernanza, planes de manejo actualizados, personal en terreno y monitoreo continuo en las áreas protegidas del país.
¿Qué son los bonos soberanos? Son una forma de emisión de deuda soberana donde los inversionistas-quienes le prestan dinero a Chile- lo hacen a una tasa de interés, que depende de que Chile cumpla metas de área conservada (cobertura) e indicadores de gestión efectiva.
Si el estado cumple las metas de cobertura y gestión, la tasa de interés de la deuda se reduce, y si no se cumplen las metas, la tasa de interés aumenta. Esta es una forma muy concreta de incentivar al Estado en su conjunto a invertir en biodiversidad, y es una forma de vincular el gasto fiscal con el desarrollo sustentable.
El camino pendiente exige mucha más celeridad. Es urgente disminuir la baja representatividad ecológica en el norte del país, agilizando el reingreso a la Contraloría General de la República de los decretos vinculados a la Red de Salares Protegidos-pues ya van casi seis meses de su retiro y no hay novedades- así como la dictación de los reglamentos del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Las metas y los incentivos financieros para el Estado ya están sobre la mesa. Con el año 2030 a la vuelta de la esquina, el reto ya no es solo decretar parques, sino demostrar la capacidad fiscal e institucional para cuidarlos.
