Las violaciones a derechos humanos son heridas sociales que no cicatrizan con el mero transcurso de los años. La realidad nos sacude con retrocesos políticos, discursos negacionistas y el desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos, hechos que demuestran indubitadamente que aún existen muchas cuentas pendientes con nuestra democracia. Hoy, la falta de verdad se encuentra amparada en cómplices activos que, con su silencio y ocultamiento, nos motivan más que nunca a revisar el quehacer en materia de derechos humanos, y los desafíos que persisten vivos del pasado al futuro.
Es conocido, documentado e indiscutible que la dictadura civil militar ejerció las más crueles formas de barbarie estatal, dentro de las cuales se encuentra la desaparición forzada de compatriotras. El trauma de la ausencia provocada por agentes del Estado es un dolor colectivo que carcome el tejido social de Chile, y el paso del tiempo se transforma en una herencia dolorosa: el olvido impune. La falta de justicia es un obstáculo directo a la reconciliación real de una sociedad que hoy se encuentra amordazada en el silencio duradero.
Las cifras del Plan Nacional de Búsqueda nos confrontan con esta deuda: existe una nómina oficial del Estado que cifra en, al menos, 1.469 víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Con este Plan, se ha consolidado la idea que la búsqueda ha evolucionado de ser una experiencia judicial acotada a un deber ético y legal del Estado de Chile, frente a lo cual, se deben coordinar y utilizar todos los esfuerzos institucionales y presupuestarios posibles para entregar las respuestas que las familias han buscado por más de 50 años.
Esta reflexión acompaña una pregunta por el quehacer del Frente Amplio en esta materia. La memoria histórica es, y siempre ha sido, una garantía de no repetición al centro de nuestra acción política. Por eso, al preguntarnos ¿por qué conmemorar?, existen muchas respuestas, las que pueden condensarse en un anhelo de un porvenir distinto, mejor, justo, y por cierto, lejos de un devenir autoritario.
La reivindicación de una democracia fuerte para que el enaltecimiento populista de la dictadura no tenga cabida alguna. A mejorar el entramado institucional con una nueva Ley que entregue financiamiento basal a Sitios de Memoria, la proscripción de discursos de odio, el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la educación y promoción de la memoria histórica, son elementos centrales de esta agenda
Observamos con preocupación toda expresión de la banalización de los horrores dictatoriales, que también se ha heredado a nuevas generaciones. Pero el llamado a la acción es a seguir firmes en la causa de los derechos humanos, a militarla en el cotidiano y a promover activamente un Chile que proyecte su historia con dignidad. Mirar hacia adelante exige asumir que el mañana se construye desde las aulas y los espacios públicos.
La vigencia de los derechos humanos requiere educar a las nuevas generaciones en la igualdad, la empatía cívica y el respeto a la democracia. Solo así aseguraremos que el Estado nunca más sea el verdugo de su propio pueblo, consolidando una reconciliación basada en la verdad, la justicia y el compromiso inquebrantable con el porvenir.
