La iniciativa liderada por Constanza Schonhaut busca prohibir granjas de bots y transparentar contratos digitales y uso de IA electoral.
Imagen referencial sobre redes sociales - Agencia Uno
La diputada Constanza Schonhaut (Frente Amplio), junto a un grupo de parlamentarios de oposición, presentó la denominada “Ley Antibots”, proyecto que busca regular el uso de cuentas automatizadas y herramientas de inteligencia artificial durante campañas electorales y plebiscitos.
La iniciativa establece un sistema preventivo de transparencia, registro y fiscalización que contempla obligaciones para candidaturas, partidos, agencias y consultoras que participen en la contratación, financiamiento o despliegue de operaciones digitales vinculadas con propaganda electoral.
Schonhaut sostuvo que los antecedentes conocidos sobre Fernando Cerimedo y su vínculo con Chile dejaron en evidencia, a su juicio, la vulnerabilidad de los procesos democráticos frente a estructuras capaces de instalar tendencias o atacar candidaturas mediante cuentas falsas o automatizadas.
“El caso Cerimedo no es sólo un problema político, es estrictamente ciudadano, porque cuando nos vemos influidos por información artificial difundida en redes sociales, se está afectando nuestro derecho a generar decisiones de manera libre e informada”, afirmó la diputada.
El proyecto plantea prohibir encargar, contratar, financiar u operar granjas de bots destinadas a realizar propaganda electoral, ya sea directamente o mediante terceros.
La propuesta establece, al mismo tiempo, una distinción entre estas operaciones y la participación política legítima. Por ello, excluye expresamente a las personas que se coordinan voluntariamente y sin recibir remuneraciones para participar en conversaciones o actividades políticas.
El diputado José Montalva sostuvo que existe una diferencia entre expresar una voluntad ciudadana y falsear esa voluntad mediante herramientas tecnológicas.
“Una cosa es manifestar la voluntad ciudadana y otra, mentir sobre la voluntad ciudadana”, afirmó el parlamentario, quien agregó que la iniciativa busca establecer reglas para el uso de tecnologías durante las campañas políticas.
Otro de los ejes del proyecto apunta a transparentar la contratación de servicios digitales utilizados durante las campañas. Según el comunicado, candidatos, partidos, pactos y opciones plebiscitarias deberán informar al Servel los contratos de posicionamiento digital celebrados durante los 12 meses previos a la elección, incluso cuando estos sean realizados por terceros.
Las agencias que participen en estas operaciones, además, deberán declarar que no utilizarán cuentas automatizadas.
La iniciativa busca así ampliar las obligaciones de transparencia más allá de las candidaturas y organizaciones políticas, incorporando también a quienes prestan servicios digitales relacionados con las campañas.
La propuesta también contempla disposiciones específicas para la inteligencia artificial en propaganda electoral. Toda propaganda generada o alterada mediante IA deberá advertirlo durante su difusión e identificar claramente a su emisor.
El proyecto establece, además, que se prohíba el uso manipulado de la imagen, voz o acciones de una persona cuando estas puedan confundirse con registros auténticos. En caso de utilizar inteligencia artificial, esta utilización deberá quedar registrada en la rendición electoral y permanecer disponible para el público.
El diputado Ignacio Achurra (FA) remarcó que el objetivo no es impedir el debate político en redes sociales, sino evitar que ese espacio sea intervenido artificialmente mediante operaciones coordinadas.
“El debate legítimo de ideas, de intercambio de ideas en las redes sociales son importantes, incluso necesarias”, afirmó. Sin embargo, planteó que no resulta válido utilizar ese espacio de manera artificial para crear opinión pública y tendencias mediante operaciones digitales orquestadas.
El proyecto contempla sanciones para quienes incurran en las declaraciones falsas consideradas por la iniciativa.
De acuerdo con el comunicado, estas infracciones podrían ser castigadas con multas de 10 a 100 UTM, además de la inhabilitación del prestador por dos procesos electorales.
La propuesta busca de esta manera establecer responsabilidades para quienes participen en la contratación o prestación de servicios digitales vinculados con propaganda electoral.
