Otra salida del Gobierno vuelve a dejar una pregunta incómoda sobre la mesa, ¿cuánto se investiga realmente antes de entregar poder y representación del Estado a una autoridad? La renuncia solicitada al delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, no es un simple tropiezo administrativo. Es un caso que expone, con una cuota difícil de disimular de absurdo, la distancia entre el discurso de la probidad y los controles efectivos que deberían impedir que estas situaciones lleguen a producirse.
El 7 de agosto, la Contraloría Regional de Atacama emitió un pronunciamiento originado en una denuncia reservada y acreditó que Urrejola mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector de Portofino, comuna de Chañaral. No se trataba de una pequeña confusión de deslindes ni de un problema recién descubierto. Los antecedentes de la Seremi de Bienes Nacionales indican que un catastro realizado en 2019 ya había constatado la ocupación irregular. La situación fue nuevamente verificada en una fiscalización en terreno el 2 de junio de 2026.
El terreno ocupado corresponde a aproximadamente 1.000 metros cuadrados, estaba cercado y contaba con una construcción de material ligero. Según Bienes Nacionales, la ocupación se extendía por cerca de 16 años.
Aquí aparece la parte más corrosiva del asunto: el ocupante no era un ciudadano cualquiera sorprendido utilizando irregularmente un terreno fiscal. Era nada menos que el delegado presidencial provincial de Chañaral, una autoridad que, por las atribuciones asociadas a su cargo, podía intervenir precisamente en materias relacionadas con la fiscalización y restitución de bienes fiscales.
Dicho de otro modo, el Estado puso a una autoridad en una posición desde la cual debía resguardar la legalidad respecto de bienes públicos, mientras esa misma autoridad mantenía una ocupación irregular de uno de ellos. Una escena tan grotesca que parece escrita por un guionista especializado en sátiras sobre burocracia estatal.
El filósofo del derecho Norberto Bobbio advertía que la democracia no puede reducirse a instituciones que simplemente existan formalmente; necesita reglas que funcionen y mecanismos capaces de controlar el ejercicio del poder. La pregunta es inevitable, ¿dónde estaban esos mecanismos preventivos antes del nombramiento?
Asimismo, la filósofa Onora O’Neill -alumna de John Rawls- conocida por sus reflexiones sobre ética pública y responsabilidad, ha planteado que la confianza no puede exigirse ni construirse mediante discursos; debe sustentarse en conductas verificables y mecanismos reales de rendición de cuentas. Eso es precisamente lo que este caso vuelve a poner en cuestión.
El Gobierno puede reiterar su compromiso con la probidad cuantas veces quiera, pero dicho principio no consiste en descubrir irregularidades después de que interviene la Contraloría; consiste, entre otras cosas, en impedir que personas con conflictos de esta magnitud lleguen a ejercer funciones públicas sin que sus antecedentes hayan sido debidamente revisados.
La situación se vuelve todavía más grave considerando que Urrejola residía en Chañaral debido a sus funciones y, según los antecedentes informados, frecuentaba el inmueble durante los fines de semana. Contraloría estimó que la ocupación ilegal era especialmente relevante precisamente por las atribuciones legales que tenía el delegado presidencial y concluyó que la situación vulneraba el principio de probidad administrativa.
A raíz de lo anterior, Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Paralelamente, la Seremi de Bienes Nacionales deberá iniciar las gestiones para poner término a la ocupación, ordenar el desalojo del inmueble y efectuar el cobro correspondiente por el período de utilización irregular.
Pero la renuncia solicitada no debería convertirse en el cómodo punto final de esta historia. El problema no es solamente por qué Sebastián Urrejola ocupaba irregularmente un inmueble fiscal. El problema también es cómo alguien con esos antecedentes terminó representando al Presidente de la República en una provincia.
Urrejola debe responder por su conducta. Pero el Gobierno debe explicar quién revisó sus antecedentes, qué información estaba disponible antes de su nombramiento y por qué nadie consideró necesario investigar con mayor profundidad.
De lo contrario, la conclusión será demasiado evidente: en Chile, a veces el Estado parece descubrir sus propios problemas solamente cuando la Contraloría se los coloca delante de la cara. Y entonces llegan las renuncias, los comunicados y las declaraciones de rigor. Lo que nunca llega con la misma rapidez es la explicación de por qué nadie hizo su trabajo antes.
