La contradicción en el gobierno respecto del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas revela un error de diagnóstico que es importante analizar. El ministro de Defensa, Fernando Barros, plantea que Chile debe "deshacerse" del tratado porque este genera divisiones entre los ciudadanos según su origen étnico. Fue desmentido rápidamente, primero por el ministro del Interior y luego por el presidente Kast. Pero el desacuerdo oculta algo más grave: una lectura invertida sobre qué genera tensión en territorios y proyectos de inversión.
El ministro de Defensa cree que el Convenio 169 divide y genera conflictos. La evidencia apunta a lo contrario: un acuerdo internacional que obliga a consultar a los pueblos indígenas cuando los proyectos tengan impactos significativos en sus territorios, de manera previa, libre, adecuada a las circunstancias y de buena fe, reduce litigios y conflictos. Una consulta bien planificada, que no solo busca cumplir un trámite, disminuye la inestabilidad operacional de las inversiones, no la produce.
¿Por qué? Porque el diálogo anticipado, cuando es genuino, permite dar certezas a todas las partes, conocer mutuamente sus intereses y acercar posiciones. En vez de construir trincheras que dividan, el dialogo y el consentimiento permiten construir puentes. Sin olvidar, claro está, que los derechos que emanan del Convenio 169 forman parte de nuestra legislación, y que, mediante su suscripción, el Estado de Chile se obliga a implementar acciones para respetar e implementar esos derechos.
Un proyecto de inversión que se discute antes de su formulación definitiva permite que los pueblos indígenas participen en las decisiones que afectan sus territorios y sus sistemas de vida. Lo opuesto, ignorar la consulta, implementar proyectos sin acuerdo genuino, es lo que genera litigios eternos, alta judicialización, deterioro de reputación corporativa e inestabilidad política permanente. Eso cuesta dinero, mucho dinero.
Las empresas modernas ya lo saben, y muchas lo hacen. No porque sean progresistas, sino porque entienden que el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) reduce riesgos operacionales. Es más barato dialogar antes que litigar después. Los operadores internacionales serios tienen protocolos estrictos de CLPI porque es buena ingeniería de proyectos, no porque la ley lo obligue en sus países de origen. Cuando una empresa negocia desde el inicio, ambas partes comprenden los términos, aclaran sus miedos y acuerdan condiciones y beneficios. El resultado no siempre es armonía, pero sí da certidumbre. Y la certidumbre es lo que los inversionistas nacionales e internacionales valoran.
Los procesos de consulta pueden rediseñarse para reducir la burocracia y fomentar un diálogo más horizontal. Pueden incluir a las comunidades indígenas desde la fase de diseño de los proyectos, no solo en su evaluación posterior. Pueden establecer espacios de negociación genuina sobre términos, beneficios y resguardos ambientales. Eso es una mejora institucional, no el abandono del instrumento internacional.
Un gobierno coherente con el derecho internacional atrae inversión institucional. Atrae fondos que exigen garantías de legitimidad y sostenibilidad. Un gobierno que ignora sus compromisos internacionales, y lee el Convenio 169 como obstáculo en lugar de como herramienta de gobernanza, genera desconfianza. No solo en círculos progresistas sino también entre inversores.
Una sociedad desarrollada no es la que construye proyectos destruyendo los ambientes, el patrimonio y los sistemas de vida de los pueblos indígenas y las comunidades. Es la que dialoga, llega a acuerdos, respeta todas las formas de vida. Eso suena como un principio abstracto, un ideal, pero no lo es. Es pragmatismo puro: transparencia institucional, seguridad jurídica, reducción de riesgos políticos. Cuando un país establece reglas claras de consulta previa y el consentimiento previo, respeta la propiedad colectiva de territorios ancestrales y protege derechos colectivos de manera institucional, atrae inversionistas que valoran la estabilidad. No es altruismo, es certeza y orden.
La cohesión social no emerge de la imposición de unos sobre otros. Emerge cuando hay acuerdos reales. Cuando los pueblos indígenas sienten que sus derechos son respetados, que participan en decisiones que los afectan, que pueden negociar en términos que entienden. Eso genera legitimidad política que permite que los proyectos avancen sin estar amenazados de permanentes parálisis.
Hay algo que nadie menciona en este debate. La mayoría de los grandes proyectos de inversión se ejecutan en territorios indígenas, no en los jardines traseros de los barrios altos de Santiago. Es fácil hablar de desarrollo sin obstáculos cuando tu territorio no está siendo contaminado ni excavado. Cuando tu agua no está en riesgo. Cuando tu modo de vida no cambia, sino que solo tiene la posibilidad de desarrollarse. Los pueblos indígenas no tienen ese lujo.
Sus territorios son exactamente donde el Estado y las empresas quieren operar. Por eso necesitan derechos de consulta previa. No porque sean un privilegio étnico. Porque la geografía política de Chile hace que los riesgos ambientales y territoriales recaigan siempre sobre los mismos. El Convenio 169 simplemente establece que esos pueblos tienen derecho a ser consultados y, en ciertos casos, a dar su consentimiento, antes de que el lugar donde viven desde hace siglos sea afectado irremediablemente
La pregunta real no es si Chile se retira o no del Convenio 169 de la OIT -vale la pena señalar que no puede hacerlo en cualquier momento, sino en una ventana de oportunidad determinada que no se abre durante el periodo de este gobierno-. Es si el gobierno entiende que la receta de la cohesión social está en dialogar y llegar a acuerdos, en reglas claras y transparencia, no en imponer desde arriba. ¿O quizás prefieren que la contradicción siga pareciendo desorden? Porque, mientras no clarifiquen, los inversionistas seguirán viéndolo como confusión. Y la confusión asusta más que cualquier regulación.
