A estas alturas es difícil esperar demasiado: quienes podrían ejercer una oposición real son minoría, los partidos "de centro" pirquinean pañales por oro, y la derecha tradicional y conservadora ha sido superada por una alternativa más popular y distópica.
Votación de la Ley Miscelánea de Kast en el Congreso - Agencia Uno
Durante lo que va del Gobierno de José Kast hemos sido meros espectadores de todos los cambios que, para bien o para mal, se han impulsado en distintos niveles: mediante la creación, modificación y supresión de decretos, e incluso el retiro de otros que ya estaban listos en la Contraloría.
También a través del envío de la megarreforma que, en un principio, decía estar destinada únicamente a la reconstrucción de zonas afectadas por la catástrofe, pero que terminó siendo apenas un eslogan para impulsar cambios legislativos de fondo en materia tributaria y para desregular áreas como el medioambiente. Y si bien podría estar hablando en representación de la ciudadanía, ese título de mero espectador también le cabe a la oposición, a los partidos de izquierda, superada una y otra vez por las gestiones del todopoderoso ministro Quiroz y por los militantes del oficialismo en el Congreso.
Dio un poco de vergüenza ajena ver cómo, tras los fallos del Tribunal Constitucional, la oposición celebraba pequeños logros. Pequeños, claro, si se comparan con los golazos que sufrió durante toda la tramitación de la ley de reconstrucción. Para refrescar la memoria: el Tribunal solo declaró inconstitucionales la indemnización por la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental y una parte menor de la invariabilidad tributaria, referida a la extensión de ese beneficio a otros proyectos anexos. Nada más. ¿Por qué celebraron, entonces? Aquello fue un fracaso para la izquierda. ¡Tengan un poco de vergüenza!
Hoy, ese tipo de festejos que recuerdan las etapas más oscuras de nuestra historia futbolística, cuando se celebraban empates y derrotas disfrazadas de victorias morales, no le sirven a la ciudadanía ni a los partidos que dicen representar los ideales de la izquierda. Porque hoy, Kast, Arrau y Quiroz han tirado tan lejos el tejo que hasta un empate sería, sencillamente, una masacre política.
El proyecto de reforma constitucional presentado el pasado 17 de agosto busca modificar la Carta Fundamental para transgredir, y por mucho, principios democráticos que son pilares fundacionales de nuestra república.
Este proyecto pretende, derechamente, que José Kast pueda declarar por cuenta propia estados de excepción "de seguridad pública" hasta por 240 días (un plazo inicial de 120 días, prorrogable por igual período sin necesidad de acuerdo del Congreso), período durante el cual la autoridad a cargo de la zona afectada podría ser un militar bajo su mando directo.
Se trata de un estado que suspende el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad personal, la libertad ambulatoria, el derecho de reunión, el de asociación e incluso la inviolabilidad de las comunicaciones: es decir, habilita que cualquier persona pueda ser espiada sin que medie autorización judicial alguna. Parece una hipocresía tremenda, considerando que el mismo sector político se ha opuesto con uñas y dientes a una mejor regulación del levantamiento del secreto bancario, Dios sabe por qué.
Nos dirán que todo esto es para combatir a criminales y terroristas, pero el propio proyecto le otorga al Presidente la facultad de declarar cuáles organizaciones son criminales o terroristas, con la única salvedad de que el Senado debe ratificar esa calificación en sesión secreta y por dos tercios de sus miembros. Delegar semejante poder en manos de Kast es peligroso, sobre todo si recordamos que, en ocasiones anteriores, presentó como parte de su programa la idea de perseguir a los grupos de "izquierda". Así como lo lees: eso quedó registrado en nuestra historia reciente, en la primera versión de su programa de gobierno, en la elección que perdió ante Gabriel Boric.
Este proyecto rompe todas las confianzas, porque a esos mismos "criminales y terroristas" se les podrá restringir la protección a la salud, el acceso a la educación, la libertad de trabajo e incluso su jubilación, lo que choca de paso con el derecho de propiedad sobre esas mismas prestaciones, paradójicamente uno de los derechos que más dice defender la derecha empresarial. El problema escala cuando muchos de nosotros podríamos terminar catalogados como "criminales" o "terroristas" simplemente por no compartir la ideología ni las políticas del Presidente de la República.
¿Tiene sentido jugar al empate frente a un proyecto de reforma constitucional tan vulneratorio?
En un escenario político y social más serio y sobrio, un proyecto así ni siquiera cruzaría el umbral de ingreso. Hace apenas quince años, este mamotreto habría sido motivo de burla; hoy, en cambio, incluso diputados, senadores y personeros de carrera que uno consideraría prudentes lo evalúan como algo aceptable o, en el mejor de los casos, "negociable". Esto deja en total indefensión a una ciudadanía que se verá expuesta a este tipo de cambios radicales en la protección de sus derechos y a la defensa de los mismos, al ni siquiera mediar intervención judicial.
¿Qué harán mañana, cuando le toque gobernar a un partido que no les guste? ¿Disfrutarán de las mismas facultades omnipotentes que hoy pretenden otorgar? ¿O es que ya no esperan que ese "otro partido" vuelva a La Moneda?
A estas alturas es difícil esperar demasiado: quienes podrían ejercer una oposición real son minoría, los partidos "de centro" pirquinean pañales por oro, y la derecha tradicional y conservadora ha sido superada por una alternativa más popular y distópica.
¿Qué tiene que pasar para frenar esta vorágine de retrocesos? ¿Cómo se puede proteger a la civilización de estos impulsos dictatoriales que, cada cierto tiempo, reaparecen con tanto apoyo
