Durante agosto de 2026, la estación Diego Aracena registró condiciones meteorológicas excepcionales que volvieron a poner a prueba la capacidad de respuesta de la Región de Tarapacá, especialmente en Iquique y Alto Hospicio. El 11 de agosto, la temperatura alcanzó 33,4 °C, el valor más alto observado para ese mes desde 1981. Una semana después, el 18 de agosto, se registraron 6,6 milímetros (mm) de lluvia en 24 horas, cifra equivalente a más de siete veces la precipitación normal de un año, estimada en apenas 0,9 mm, según la Dirección Meteorológica de Chile.
En uno de los territorios más áridos del planeta, precipitaciones de esta magnitud obligan a mirar más allá de la contingencia inmediata. Este evento ha evidenciado vulnerabilidades en viviendas, infraestructura y conectividad, junto con dimensiones subjetivas del riesgo asociadas a la incertidumbre, el temor y la alteración de la vida cotidiana.
El sistema educativo figura entre los ámbitos más golpeados, con filtraciones, daños en techumbres, espacios anegados y suspensión de clases en escuelas, liceos e instituciones de educación superior. A ello se suman la extensión territorial y las dificultades de desplazamiento propias de Tarapacá, que inciden en la movilidad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación entre Iquique, Alto Hospicio y comunas de la Provincia del Tamarugal, como Pozo Almonte, Pica y Huara. En este contexto, la emergencia repercute en la infraestructura de los establecimientos, la movilidad territorial y la continuidad de las actividades de las comunidades educativas.
La experiencia regional revela una paradoja incómoda. La escuela padece la emergencia y, al mismo tiempo, opera como primera línea de respuesta comunitaria. El 17 de agosto, los colegios República de Croacia y República de Italia, en Iquique, fueron habilitados como albergues para personas cuyas viviendas perdieron condiciones mínimas de habitabilidad, función que no es inédita en la región.
Durante diversos eventos como sismos, aluviones e incendios, distintos establecimientos educacionales públicos de Tarapacá han operado como espacios de resguardo, acopio y organización comunitaria. Esta situación refuerza la necesidad de reconocer e incorporar el rol de las comunidades educativas en la gestión del riesgo, sin trasladar hacia ellas responsabilidades que corresponden al Estado y a las instituciones competentes.
La prevención y la psicoeducación frente al riesgo, entendidas como la capacidad de las comunidades para reconocer amenazas y actuar, no pueden improvisarse al ritmo de las primeras gotas, como si el país se sorprendiera de que, tras la sequía, vuelva a llover, o de que la intensidad de las lluvias nunca se prevea. La recurrencia de estos episodios expone problemas estructurales, asociados a desigualdades socioterritoriales y a persistentes dificultades de coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Superar esta fragmentación exige una articulación efectiva entre municipios, Gobierno Regional, SENAPRED, ministerios y servicios públicos, sustentada en financiamiento adecuado y en el reconocimiento de las capacidades técnicas territoriales ya instaladas. Fortalecer la capacidad de decisión de los gobiernos regionales y locales resulta indispensable para evitar que, ante cada emergencia, las visitas de las autoridades de turno se reduzcan a un mero “turismo de emergencia ”.
Luego de las lluvias de 2019, habitantes de Iquique calificaron como “soluciones parche” la entrega de nylon y la habilitación improvisada de escuelas como albergues. Siete años después, ante un nuevo episodio de lluvias, aluviones y socavones, estas prácticas vuelven a repetirse, evidenciando la persistencia de respuestas predominantemente reactivas, en lugar de estrategias preventivas y planificadas. Sería poco riguroso atribuir cada evento únicamente al cambio climático, pero resulta inadmisible que el Estado continúe actuando como si tuviera una venda en los ojos frente a la evidencia empírica, los saberes comunitarios y el conocimiento producido por la academia durante décadas.
Que una escuela vuelva a convertirse en albergue no puede seguir siendo política pública. Tarapacá no necesita improvisación, sino una política de Estado que articule academia, comunidad y territorio, garantizando prevención, protección y anticipación. El problema no es la falta de información, sino la omisión sistemática de la evidencia disponible. Mientras esta persista, cada nueva emergencia volverá a desnudar la misma negligencia, porque después de la tormenta no viene la calma, sino la primera respuesta institucional y los efectos del impacto. Cuando esas consecuencias ya están a la vista, ninguna emergencia ni desastre puede seguir cubriéndose con soluciones de nylon.
