"Hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco", decía hace décadas Víctor Jara, y la frase sigue resonando con fuerza en el Chile actual.
José Antonio Kast y algunos de sus ministros / Agencia Uno
En Chile parece ser más fácil revisar la mochila de un estudiante que levantar el secreto bancario. Mientras seguimos discutiendo el uso del lenguaje, algunos diputados parecen más preocupados de impulsar leyes que prohíban el lenguaje inclusivo en los servicios públicos que de avanzar en medidas como el levantamiento del secreto bancario para combatir delitos económicos.
Mientras el gobierno habla de orden y responsabilidad, las reglas parecen aplicarse solo para algunos. Esa paradoja resume, mejor que muchos discursos, el tipo de Estado que se está instalando: estricto con quienes tienen menos poder y mucho más considerados con quienes concentran privilegios y recursos, ya la mujer de piñera en el estallido social habló de esto y la silenciaron por el resto del tiempo que duro ese gobierno.
Chile tiene tres tipos de justicia. No dos, como quiso hacer creer la derecha que se instalaría durante el proceso constituyente con el fantasma de una justicia diferenciada para los pueblos originarios, argumento que nunca tuvo sustento real en los textos en discusión. Pero en la práctica hay tres: una para los uniformados, otra para quienes ostentan el poder económico y político, y una tercera para el resto. Para los de abajo. Para usted.
La evidencia no escasea. Cathy Barriga salió del país con un proceso judicial abierto. La ex ministra de Justicia Vivanco, condenada por corrupción, cumple arresto domiciliario desde la comodidad de su hogar, al igual que el tránsfugo de Hermosilla, capaz que en una de esas lo dejen libre y se convierta en ministro del gobierno o asesor en el segundo piso de la moneda.
En paralelo, el Estado vacía sin previo aviso las cuentas bancarias de deudores del CAE, estudiantes, trabajadores, personas de clase media que pidieron un préstamo para estudiar, sin notificación, sin proceso, sin posibilidad de defensa. Una arbitrariedad que difícilmente se llama recuperación de recursos cuando el mismo Estado ha condonado deudas tributarias millonarias a Johnson's, Walmart, Falabella, Ripley, Banco Bice, AFP Habitat y Sonda, entre otros. Multas reducidas, intereses perdonados, regularizaciones silenciosas. Para la elite, el Estado negocia. Para el ciudadano común, el Estado cobra.
Y mientras tanto, la derecha bloquea en forma permanente cualquier intento de levantar el secreto bancario a los grandes contribuyentes. La mochila del estudiante: abierta. Las cuentas del empresario: intocables. Esa es la coherencia del modelo.
A esto se suma el anunciado Registro Nacional de Vándalos e Incivilizados, presentado como medida de orden público. La amenaza es clara: quienes ingresen a esa lista perderán beneficios estatales. El problema es que los beneficios estatales no los necesita quien tiene patrimonio, acceso privado a salud y educación, y capital suficiente para vivir sin depender del Estado. La medida está diseñada, en la práctica, para disciplinar a los pobres o quienes se manifiestan conta este sistema absurdo. Es populismo punitivo con sesgo de clase.
Y luego está la propuesta de exigir Clave Única para acceder a redes sociales, impulsada tras una reunión privada entre Kast y Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa de inteligencia artificial con contratos de vigilancia en distintos países del mundo. El argumento oficial es la protección de los menores de edad. Mas se sabe que el argumento real, huele a otra cosa: control de la identidad digital, trazabilidad de opiniones, espionaje político con cobertura legal.
En ese mismo escenario se nombran embajadores de mala data como es Ricardo Rincón o Gabriel Zaliasnik, este último con una investigación penal abierta por la filtración de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, en las que propuso medidas de control estatal y espionaje político durante la revuelta social de 2019. El nombramiento se mantiene.
Porque en este gobierno, al parecer, ciertas credenciales bastan para blindar cualquier cuestionamiento, bueno por similar razón esta de ministro de Hacienda Jorge Quiroz, criticado transversalmente -desde su designación-, debido a su extenso historial como consultor, perito y defensor de grandes empresas en emblemáticos casos de colusión y carteles.
¿Y quién permitió esto? Esa es la pregunta incómoda. Millones de personas votaron no tanto por este proyecto político, sino contra la posibilidad de que la izquierda encabezada por el Partido Comunista llegara al poder. El voto del miedo tiene consecuencias. Y la consecuencia fue instalar en La Moneda a los herederos políticos de una dictadura, quienes desde el primer día comenzaron a desmantelar el Estado y a acomodar las condiciones para que la elite se sintiera cómoda.
No hay que santificar a los muertos para hacer el análisis: el gobierno de Piñera fue igualmente mediocre, igualmente desconectado de la ciudadanía, igualmente incapaz de leer el hartazgo social que terminó en el estallido de octubre de 2019. Ese estallido no fue orquestado por ningún partido político. Fue espontáneo. Fue el resultado de décadas de acumulación de precariedad, desigualdad e impunidad. Y si el ritmo actual continúa —tres tipos de justicia, medidas clasistas, espionaje digital y nombramientos escandalosos— no sería extraño que la historia vuelva a repetirse.
Hasta ahora, este gobierno no ha impulsado una sola medida concreta a favor de la gente que trabaja, que estudia con deuda, que depende del transporte público y del sistema de salud. Ninguna. Solo retórica de orden que aplica para unos, y privilegios que se sostienen para otros.
Ojalá reflexionemos sobre lo votado. Porque al final, los costos los pagamos todos y para esos que siguen culpando al gobierno anterior es bueno que se sepa: El censo lo hace el INE, no Boric, los incendios los apagan los bomberos, no Boric, a los delincuentes los condenan los tribunales, no Boric. Kast está llevando el país al desastre, no Boric.