Lo observado en estos primeros 100 días no es solo un cambio de prioridades. Es una redefinición profunda del papel del Estado en la protección ambiental.
Primera Cuenta Pública de Kast - Agencia Uno
Independiente de las promesas de campaña, los primeros 100 días de un gobierno muestran hacia dónde apunta la administración del Estado. En materia ambiental, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha evidenciado una tendencia a detener la entrada en vigencia de normas elaboradas durante décadas, debilitar la institucionalidad ambiental y retrasar la implementación de leyes sobre biodiversidad y cambio climático.
El principal zarpazo ocurrió el 12 de marzo, primer día de gobierno, con el retiro de los 43 decretos ambientales ingresados a la Contraloría para su toma de razón. Al menos un tercio corresponde a normas de emisión y calidad del aire y agua, además de planes de descontaminación desarrollados durante años por gobiernos de distinto signo político. Otro tercio es esencial para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la Ley Marco de Cambio Climático. Todos fueron resultado de extensos procesos técnicos, científicos y participativos con participación de organismos públicos, especialistas, gremios y organizaciones ciudadanas.
Su retiro no constituye una revisión administrativa, sino una interrupción política de políticas de Estado destinadas a fortalecer la institucionalidad ambiental, enfrentar la contaminación, los riesgos climáticos y la pérdida de biodiversidad, responder a recomendaciones de la OCDE y cumplir compromisos internacionales.
Las consecuencias son graves para la salud pública. Quedaron paralizadas la actualización de la norma para material particulado fino MP2,5, la norma de calidad para plomo, la actualización de la norma de emisión para termoeléctricas y fundiciones de cobre, además de planes de descontaminación largamente esperados por la población.
El impacto en biodiversidad es igualmente profundo. Se paralizaron 12 reglamentos indispensables para la operación del SBAP, retrasando instrumentos esenciales para proteger ecosistemas, especies y áreas de alto valor ecológico. También fueron retirados los decretos para la creación de siete áreas protegidas: los parques nacionales Mar de Juan Fernández, Nazca Desventuradas II, Lagunas Bravas, Salar de Gorbea y Salar Las Parinas; las Reservas de Regiones Vírgenes Lagunas Collas y Pisacas; la Reserva Nacional Salar de Pedernales; además del Área de Conservación de Múltiples Usos Olivares-Colorado. Asimismo, se retiró la declaración del Pingüino de Humboldt como Monumento Natural.
La acción climática tampoco quedó a salvo. Fueron retirados instrumentos necesarios para implementar la Ley Marco de Cambio Climático, incluyendo la actualización del Plan de Adaptación, el Sistema de Compensación de Emisiones, la Certificación Voluntaria de GEI y uso de agua, la designación del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y la gobernanza de la Estrategia de Transición Socioecológica Justa. Esto dificulta el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales y debilita la capacidad del país para enfrentar una crisis climática ya visible.
También preocupa el impacto sobre la participación ciudadana. Miles de personas participaron durante años en comités técnicos y consultas públicas cuyos resultados quedaron sin efecto mediante una decisión administrativa. Cuando procesos democráticos de amplia participación pueden revertirse de esta forma, se debilita la confianza en las instituciones y en los mecanismos de incidencia pública.
En el ámbito administrativo, el Gobierno presentó una Ruta Energética con metas positivas para energías renovables, generación distribuida y autoconsumo. Sin embargo, eliminó la oficina encargada de implementar la Estrategia de Transición Socioecológica Justa y redujo personal y presupuesto de la Agencia de Sostenibilidad Energética, afectando programas como Comuna Energética, Casa Solar, Mi Taxi Eléctrico y Mejor Escuela. La contradicción es evidente: se promueve la transición energética mientras se debilitan los instrumentos para concretarla.
La agenda legislativa profundiza la preocupación. Las propuestas incluidas en la denominada Ley de Reconstrucción buscan modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, restringir medidas cautelares y mecanismos de impugnación, limitar el principio precautorio y restringir el acceso a la justicia ambiental, privilegiando la simplificación regulatoria en desmedro de los estándares ambientales y de las garantías que protegen el patrimonio ambiental y la salud de la población.
Nadie discute la necesidad de reglas claras para la inversión. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que el desarrollo sostenible requiere instituciones sólidas, participación efectiva y estándares ambientales robustos. Debilitarlos no genera más desarrollo, sino más conflictos, incertidumbre y costos futuros.
Lo observado en estos primeros 100 días no es solo un cambio de prioridades. Es una redefinición profunda del papel del Estado en la protección ambiental, promovida durante años por sectores que sostienen una incompatibilidad entre protección ambiental y desarrollo económico. Hoy esa visión amenaza avances construidos durante más de 30 años de gobiernos democráticos.
Chile enfrenta enormes desafíos en contaminación, biodiversidad y cambio climático. La respuesta no puede ser paralizar instrumentos regulatorios ni debilitar la institucionalidad ambiental, sino fortalecer las capacidades públicas para enfrentarlos con visión de largo plazo.
Por ello, hemos presentado una evaluación del desempeño ambiental de los primeros 100 días del Presidente Kast y hacemos un llamado a garantizar la continuidad de las políticas de Estado en materia ambiental, resguardar la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, y evitar la demolición de avances normativos construidos durante décadas.
Lo que está en juego no son solo decretos y reglamentos, sino la capacidad de Chile para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI con instituciones sólidas, políticas coherentes y una ciudadanía que confíe en procesos democráticos. Aún es posible corregir el rumbo.