El debate político suscitado por el proyecto de ley de reconstrucción nacional reactiva tensiones estructurales de fondo en la relación entre el Estado, el mercado y el territorio. Si bien la propuesta abarca incentivos de fomento económico —como la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría al 23% (lógica fracasada en el pasado fundada en el “chorreo”) y la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio (FET)—, su eje más controvertido reside en la simplificación regulatoria y la ofensiva discursiva contra la denominada "permisología", término acuñado por los grupos económicos.
Bajo la premisa de reactivar inversiones paralizadas, se busca acelerar procedimientos administrativos vía revisión lista de chequeo y sin un adecuado examen de las razones de la paralización muchas de ellas radicadas en debilidades de los proyectos de los propios gestores y recortar plazos de evaluación, instalando una narrativa donde la protección socioambiental y patrimonial aparece como una traba burocrática prescindible.
La "permisología" y la falacia de la eficiencia procedimental. La fijación de plazos máximos e inamovibles en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) —como el límite de 90 días para resolver reclamaciones pendientes— reduce la tutela ecológica a una simple verificación procedimental. Esta lógica parte de la premisa equivocada de que la celeridad administrativa es sinónimo de modernización.
No obstante, la investigación en ecología política demuestra que los procesos ecológicos y la evaluación de impactos acumulativos poseen temporalidades propias, por la multiplicidad de actores involucrados en primer lugar de las propias comunidades que podrían verse afectadas e indelegables. Acelerar de forma artificial la calificación ambiental no elimina el riesgo; por el contrario, desplaza la incertidumbre técnica hacia el futuro en forma de pasivos ambientales, por ejemplo, relaves mineros abandonados y crisis ecosistémicas.
La certeza Jurídica versus legitimidad socioambiental. El intento de blindar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) para limitar la judicialización pretende solucionar un síntoma sin atender la causa estructural del conflicto. La evidencia sobre gobernanza territorial demuestra que la estabilidad jurídica de las inversiones no se obtiene debilitando la fiscalización, sino profundizando la legitimidad democrática.
Si bien el concepto de gobernanza ha sido empleado por el Banco Mundial para legitimar la participación del sector privado en las decisiones públicas, no es menos cierto que garantiza seguridad jurídica horizontal para las inversiones –siempre y cuando incluya a las comunidades–. Así, cuando el Estado acorta los tiempos de reclamación ciudadana, genera un "efecto rebote": el conflicto no desaparece, sino que migra desde las instituciones formales hacia la judicialización internacional o la movilización territorial directa.
Experiencia Internacional en desarrollo integrado y la dimensión Étnica. En el ámbito de la modernización institucional, los modelos de desarrollo integrado más avanzados a nivel mundial (como el marco de Gobernanza Biocultural en Canadá, Nueva Zelanda, o las normativas de la Unión Europea sobre Transición Justa) han demostrado que la agilización administrativa no debe hacerse a expensas de la inclusión étnica y comunitaria.
Por el contrario:
a) Reconocimiento de Cosmovisiones y Tiempos Propios: La experiencia con el pueblo Mori en Nueva Zelanda (Waka Kotahi y marcos de cogobernanza de recursos naturales) demuestra que incorporar el conocimiento ancestral e indígena desde el diseño primario de los proyectos disminuye drásticamente la litigiosidad y acorta los tiempos reales de ejecución global. Tratar al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) o los peritajes arqueológicos como cuellos de botella desconoce que la delimitación del patrimonio tangible e intangible requiere tiempos metodológicos no estandarizables.
b) Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y Convenio 169 de la OIT: Países como Canadá han integrado el consentimiento y la co-evaluación ambiental con naciones originarias en sus marcos de desarrollo integrado. Los proyectos que imponen plazos coercitivos a la consulta previa terminan generando altos costos reputacionales y financieros. Respetar la temporalidad comunitaria no es un retraso económico, sino una inversión en estabilidad social y sostenibilidad de largo plazo.
c) Heterogeneidad de Modelos de Desarrollo: El desarrollo integrado exige superar la visión monocultural del crecimiento. Las formas locales y étnicas de habitar y producir (buen vivir, economías comunitarias, conservación biocultural y las formas alternativas de las comunidades indígenas de producción y consumo) constituyen opciones legítimas de desarrollo que la modernización del Estado debe proteger y potenciar, no asimilar ni subordinar a la urgencia extractivista.
Democracia ambiental y la verdadera modernización del Estado. Una verdadera modernización del Estado alineada con los estándares internacionales del siglo XXI no consiste en desmantelar las capacidades de regulación pública para abaratar costos de capital. Modernizar implica dotar al Estado de mayor capacidad técnica, científica y participativa, fortaleciendo la autonomía regional y descentralizando la toma de decisiones. La democracia ambiental se consolida cuando la ciudadanía y los pueblos originarios tienen voz vinculante para decidir el perfil productivo y la vocación territorial de sus regiones.
En aquella dirección resulta urgente fortalecer los Gobiernos Regionales cuyos integrantes son todos elegidos por votación popular y traspasar atribuciones hoy radicadas en las Delegaciones Presidenciales Regionales en materias de evaluación de proyectos medioambientales, al presidir la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del cual, a excepción Director/a Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, sus miembros son designados por el Ejecutivo.
En síntesis. El proyecto de ley de reconstrucción nacional plantea una disyuntiva crítica: avanzar hacia un desarrollo flexibilizador basado solo en el crecimiento económico que degrada los estándares ambientales y étnicos, o avanzar hacia una modernización sustantiva basada en el desarrollo integrado.
La experiencia internacional confirma que los países que sacrifican el rigor ambiental e institucional en aras de la celeridad económica terminan pagando un costo más elevado en degradación medioambiental, fractura ecológica y social e inestabilidad jurídica. Una propuesta modernizadora transformadora debe garantizar la justicia ambiental, el respeto estricto a los derechos de los pueblos originarios y la coexistencia de múltiples trayectorias de desarrollo.
