Ciudadanos podrán exponer sobre cómo les afectarían los artículos reclamados de la megarreforma, en una audiencia pública ante el Tribunal Constitucional.
Habrá audiencia pública por la megarreforma en el Tribunal Constitucional.
Foto: Agencia UNO.Abogados ambientales ya han alertado que las disposiciones ambientales de la megarreforma facilitarán que se instalen proyectos contaminantes y dañinos en zonas pobladas, poniendo en riesgo directo a la población de aquellos lugares que se vean afectados y reduciendo la capacidad de las personas para reclamar y buscar justicia ante el daño ambiental.
Ahora, personas y organizaciones territoriales podrán acudir a una audiencia pública ante el Tribunal Constitucional para exponer sobre cómo los artículos ambientales y tributarios impugnados podrían afectar directamente sus vidas. La audiencia pública ocurrirá el miércoles 12 de agosto, y el plazo para anotarse cierra el lunes 10 de agosto.
Este mecanismo de audiencia pública fue solicitado por la ONG FIMA, dedicada al derecho ambiental. Las organizaciones y personas que tengan argumentos jurídicos y de afectación directa podrán participar en la audiencia pública como terceros interesados, para lo cual deben presentar un requerimiento por escrito al Tribunal Constitucional antes de las 12:00 del lunes 10 de agosto.
Las exposiciones deberán referirse a los artículos de la ley que fueron reclamados por parlamentarios en los tres requerimientos de inconstitucionalidad que fueron declarados admisibles este miércoles 6 de agosto por el TC.
El tribunal también abrió un plazo de cinco días para que el Presidente, el Senado y los Diputados presenten observaciones sobre los requerimientos de inconstitucionalidad, y una audiencia para el 13 de agosto donde serán escuchados los alegatos de las partes reclamantes. Tras ello, el Pleno del tribunal iniciará el análisis de fondo sobre dichas impugnaciones.
La disposición ambiental más polémica que se aprobó en la megarreforma es la que compensa con dinero público a los titulares de proyectos de inversión que hayan sido construidos, y cuyo permiso ambiental sea anulado por un Tribunal Ambiental por incumplir normas ambientales del país.
Pero además, propone un régimen especial de evaluación ambiental donde se reducen las correcciones que se pueden solicitar al proyecto, se entrega al Servicio de Evaluación Ambiental la potestad de desestimar argumentos técnicos de organismos sectoriales, se facilita la opción de modificar proyectos ya aprobados sin evaluación y se reducen los plazos y facilidades para que vecinos y vecinas reclamen contra un proyecto aprobado que les afecta.
