Alertan que la megareforma facilita que se instalen proyectos dañinos, limita las reclamaciones de vecinos y da dinero público a empresas que causaron daños.
Alertan retrasos ambientales en mega reforma, que incentivan proyectos contaminantes.
Foto: Agencia UNO.A pasos acelerados avanza en el Congreso la megareforma propuesta por el gobierno de José Antonio Kast, discutiendo y aprobando en pocos días cambios sustantivos sobre cómo se protege el medio ambiente en Chile ante la actividad industrial. Especialistas en derecho ambiental explican los puntos más complejos del proyecto.
Según las opiniones que han surgido desde diversos analistas de organizaciones ambientales, la propuesta abre la puerta a que se construyan proyectos contaminantes o que incumplen normativas ambientales, mientras que limita las herramientas de comunidades locales para protegerse de iniciativas que dañan su entorno, salud y modos de vida.
El proyecto está ingresando modificaciones que simplifican la evaluación ambiental de proyectos, pero no aumentando su eficiencia y rigurosidad sino reduciendo los estándares ambientales que deben cumplir las inversiones en el país, según alerta el abogado de seguimiento legislativo de Chile Sustentable, Benjamín Cornejo.
El abogado explica que el proyecto propone un régimen especial de evaluación ambiental donde se reducen las correcciones que le pueden solicitar los organismos públicos al proyecto a través de adendas.
Además, le entrega al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) poder para desestimar argumentos técnicos de organismos sectoriales que tienen más conocimiento del tema. “Si hay un proyecto que genera un daño al bosque nativo, Conaf se pronuncia porque es el organismo experto en bosque nativo, pero ahora el SEA tiene rectoría técnica sobre Conaf y va a poder desestimar su argumento sin tener una especialización en la materia”, explica Cornejo.
Otras disposiciones facilitan la posibilidad de modificar proyectos ya aprobados sin evaluar el impacto ambiental que generarán esas modificaciones. En diagnóstico de diversas organizaciones especializadas en política pública ambiental, como Greenpeace, Ecosur, FIMA o Chile Sustentable, facilitan la instalación de proyectos dañinos y con bajos estándares ambientales en el país.
Mientras aumenta la posibilidad de que se instalen malos proyectos impactando a ecosistemas y comunidades, la megareforma también reduce las herramientas que tienen los vecinos de esos proyectos para reclamar o exigir medidas que reduzcan el impacto o lo compensen, reduciendo el acceso a la justicia ambiental, en contra de los compromisos adquiridos por Chile ante el Acuerdo de Escazú.
Uno de los cambios es que reduce de 30 a 20 días el plazo para reclamar contra un permiso ambiental por considerarlo ilegal. La mega reforma también elimina la invalidación administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto. Esto impide que personas que no ingresaron observaciones durante la evaluación del proyecto, reclamen en contra de su aprobación. Se trata de una medida que puede afectar situaciones que ocurren frecuentemente, como comunidades que son excluidas de procesos de participación ciudadana, vecinos que no se enteran a tiempo de la presentación de proyectos, o que no lograron revisar los estudios presentados por las empresas durante la evaluación.
En tercer lugar, limita a seis meses el plazo de medidas cautelares. Esto significa que, si un juicio contra un proyecto que es reclamado como ilegal dura más de seis meses, el proyecto se va a poder empezar a construir. “Esta medida desconoce los tiempos de tramitación ante el tribunal ambiental donde la mayoría de las causas duran más de seis meses”, explica Cornejo.
Pero la mega reforma no solo facilita que se construyan en el país proyectos de inversión más dañinos para la naturaleza y que incumplen con la regulación ambiental, sino que además premia a las empresas titulares de estos “malos proyectos”, entregándoles dinero público.
Esta es una de las disposiciones más polémicas de la iniciativa e implica que, si el tribunal ambiental determina que el proyecto sí era ilegal y que no se debería de haber construido, va a tener que entregarle dinero de las arcas fiscales a la empresa para compensar por la inversión realizada.
Tanto la limitación de las medidas cautelares como la retribución por RCA anulada fueron profundamente cuestionadas por un informe que emitió la Corte Suprema, ante el cual el Ministerio de Hacienda ingresó algunas modificaciones al proyecto, intentando responder las dudas del máximo tribunal.
Según la abogada y directora del CR2 y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, la mayoría de las dudas de la Corte Suprema sobre la megareforma quedaron sin responder o no fueron recogidas por las indicaciones de Hacienda.
El informe de la Corte cuestiona que la reducción del plazo de las medidas cautelares estaría eliminando la efectividad de esas medidas, que buscan cautelar al país en contra de un daño ambiental, mientras que si el proyecto se construye ese daño se genera y el bien jurídico que se buscaba cautelar queda desprotegido.
También cuestiona la procedencia de retribuir al titular de un proyecto cuya RCA fue anulada en la justicia. Declara que se trata de un mecanismo inédito en que la comunidad terminaría internalizando el riesgo que conlleva cualquier inversión. También sugiere establecer requisitos más estrictos para que una empresa solicite esa retribución y para que se determine el monto a pagar.
