Ángel Valencia se mostró a favor de modificar el actual levantamiento del secreto bancario debido a las dificultades para perseguir al crimen organizado.
El Fiscal Nacional Angel Valencia durante la comisión de Constitución - Agencia Uno
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario sigue con fuerza en Chile luego que el fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtiera las dificultades que enfrenta el Ministerio Público para acceder de manera oportuna a información financiera clave en investigaciones vinculadas al crimen organizado, lavado de activos y narcotráfico.
Las declaraciones del jefe de la Fiscalía se producen en medio de la discusión legislativa sobre eventuales modificaciones a las normas que regulan el acceso a antecedentes bancarios, una herramienta que diversos actores consideran fundamental para combatir organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
Consultado sobre la posibilidad de flexibilizar el acceso a información financiera, Valencia sostuvo que el principal problema no está necesariamente en la autorización judicial, sino en la forma y rapidez con que los bancos responden a los requerimientos de la Fiscalía.
“Desearíamos tener más información, más rapidez y más oportunidad”, señaló el fiscal nacional a Cooperativa, enfatizando la necesidad de contar con mecanismos más eficientes para investigar delitos económicos y redes criminales.
En la misma línea, explicó que muchas veces los antecedentes solicitados llegan con retraso o en formatos que dificultan su análisis.
Las declaraciones del fiscal nacional se producen tras investigaciones recientes vinculadas al lavado de dinero del Tren de Aragua, donde el seguimiento de movimientos financieros resultó clave para desarticular estructuras criminales.
Según Valencia, contar con un acceso más expedito a antecedentes bancarios permitiría avanzar con mayor rapidez en este tipo de causas. El persecutor también ha planteado que existe espacio para revisar el tratamiento de las cuentas pertenecientes a organismos públicos.
“No advertimos razones jurídicas” para exigir el mismo nivel de resguardo en determinadas entidades estatales, señaló anteriormente, argumentando que instituciones públicas no poseen el mismo estándar de privacidad que las personas naturales.
Mientras continúa la discusión política, una reciente encuesta Cadem mostró un fuerte respaldo ciudadano a ampliar las facultades del Estado para acceder a información financiera cuando existan sospechas fundadas de actividades ilícitas.
De acuerdo con el sondeo, el 83% de los chilenos está de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa en situaciones excepcionales, mientras que un 74% considera que el Estado debe contar con mecanismos más rápidos para acceder a información bancaria sospechosa en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La misma medición reveló que un 94% respalda la existencia de sanciones penales para funcionarios que hagan un uso indebido de estos datos, reflejando la preocupación ciudadana por compatibilizar eficacia investigativa con resguardos a la privacidad.
El levantamiento del secreto bancario forma parte de una discusión más amplia sobre las herramientas disponibles para combatir el crimen organizado en Chile. Mientras el Congreso analiza posibles modificaciones legales, desde la Fiscalía insisten en que la prioridad es contar con información financiera de manera más rápida y útil para las investigaciones.
La posición de Ángel Valencia se suma a un creciente consenso respecto de la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para seguir la ruta del dinero en delitos complejos, aunque manteniendo controles que eviten abusos en el acceso a información sensible.
