La oposición celebra la admisibilidad de sus requerimientos en el Tribunal Constitucional contra la reforma tributaria, mientras el oficialismo lo califica de mero trámite.
Tribunal Constitucional. Créditos: Agencia Uno.
Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite los tres requerimientos en contra de la megarreforma del gobierno, los sectores de oposición manifestaron su satisfacción en bloque, confiados en que la invariabilidad tributaria y la compensación con dinero del Estado a empresas por revocación de la RCA es inconstitucional.
Por su parte, desde el gobierno aseguran que la admisibilidad de los requerimientos no es más que "un trámite" y que se enmarca dentro del procedimiento correspondiente del organismo autónomo.
Desde el Frente Amplio, la senadora Beatriz Sánchez cuestionó la postura del Ministerio de Hacienda ante las advertencias previas hechas durante la tramitación legislativa: "Se lo dijimos al gobierno y no quiso escucharnos ni dialogar", expresó.
"Su reforma tributaria contiene normas inconstitucionales y hoy el TC declaró admisibles requerimientos presentados por la oposición. ¿Arrogancia de Quiroz o exceso se confianza?", cuestionó.
En la misma línea, el diputado Ignacio Achurra (FA) enfatizó el compromiso parlamentario por frenar las disposiciones cuestionadas: "tenemos convicción de que la invariabilidad tributaria y otras disposiciones ambientales impuestas por el ministro Quiroz le hacen daño al país y atentan contra nuestra normativa. Usaremos toda nuestra institucionalidad para enfrentar a un Gobierno que ha insistido en vulnerar la Constitución".
Uno de los ejes centrales de la ofensiva judicial radica en las limitaciones a las capacidades de futuros gobiernos y el marco de protección ecológica.
Sobre el primer punto, la diputada Ana María Gazmuri (AH) advirtió sobre las implicancias de fijar reglas impositivas a largo plazo, señalando que "las mayorías del presente no pueden condicionar el futuro tributario del país por dos décadas, amarrando las decisiones de varios gobiernos elegidos democráticamente".
Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó la megarreforma como "un proyecto que no solo debilita la protección ambiental, también compromete recursos públicos en favor de intereses privados y pretende amarrar por décadas las decisiones de futuros gobiernos y del Congreso".
La coordinación entre las distintas bancadas opositoras fue relevada por el diputado Jaime Bassa, quien valoró el trabajo conjunto desplegado tanto en el Senado como en la Cámara Baja: "es una buena señal de trabajo coordinado y colaborativo desde la oposición. Estamos haciendo todo lo posible para evitar los efectos perniciosos que esta reforma va a tener tanto en el bolsillo de la familia trabajadora chilena como en el medio ambiente".
Luego, manifestó sus deseos de que el TC "pueda hacer un juicio jurídico y evitar todos los problemas técnicos que tiene esta reforma, especialmente aquellos que atentan en contra de la Constitución”.
Desde las filas de Chile Vamos optaron por restar dramatismo a la determinación del órgano constitucional, catalogando la recepción de los escritos como un paso meramente formal en el procedimiento institucional.
El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, remarcó que la admisibilidad no prejuzga el fondo de la discusión: "que el Tribunal Constitucional haya declarado admisible los requerimientos simplemente significa que los va a tramitar, y nos parece bien".
En esa línea, el parlamentario gremialista instó a acelerar los plazos: "lo que nosotros pedimos, que falle lo más pronto posible, que falle en derecho y que la ciudadanía pueda conocer el resultado lo antes posible para que la ley entre en vigencia. Ese es nuestro planteamiento, que el TC actúe autónomamente, actúe en derecho y actúe con la mayor prontitud posible".
Desde la UDI, el senador Iván Moreira coincidió en que la resolución "forma parte del normal funcionamiento de nuestras instituciones. Ahora corresponde que el TC resuelva el fondo del asunto con independencia y apego a la Constitución”.
Moreira defendió el espíritu del proyecto gubernamental señalando que "como oficialismo, estamos tranquilos porque creemos que esta reforma se ajusta plenamente al orden constitucional y permitirá avanzar en más crecimiento, inversión y reconstrucción para Chile".
