Con plazos definidos por el TC, se espera una resolución sobre los cuestionamientos a la megarreforma el próximo jueves 13 de agosto.
TC admite requerimiento de la oposición contra la megarreforma. Créditos: Agencia Uno.
Luego de que el Tribunal Constitucional detectara fallas técnicas en los requerimientos ingresados por la oposición en contra de la megarraforma del gobierno, y tras dar un plazo de tres días para corregirlos, el organismo autónomo finalmente admitió a trámite las solicitudes por unanimidad.
Los requerimientos fueron ingresados tanto por diputados como senadores y aluden a temas tributarios como medioambientales.
Junto con la admisión de los requerimientos, el TC anunció un plazo de cinco días para que el presidente José Antonio Kast, junto a diputados y senadores "se pronuncien en torno a las cuestiones de constitucionalidad" planteadas por la oposición.
El TC resolverá el fondo de los requerimientos el jueves 13 de agosto, en una audiencia en la que escuchará los alegatos de ambas partes.
Uno de los requerimientos —presentado por senadores— impugna la medida obligaría al Estado a compensar a las empresas cuyas Resolución de Calificación Ambiental (RCA) —el permiso ambiental que tienen para operar— fueran revocadas por un tribunal o un juez.
Desde la oposición alertan de que la medida traspasaría los riesgos privados al Estado, eximiendo a las firmas a de asumir eventuales errores o ilegalidades.
Pese las fallas técnicas contenidas en los requerimientos, el senador Alfonso De Urresti (PS) bajó el perfil a las inconsistencias asegurando que era "meramente formales".
En total son tres los requerimientos que la oposición presentó ante el TC en relación a la megarreforma —que ya culminó su paso por el Congreso—. Además del que busca impugnar la compensación a empresas ante una revocación de la RCA, los senadores de oposición apuntan contra la invariabilidad tributaria.
Se trata del corazón de la megarreforma, que congela la carga impositiva a empresas por un periodo de 20 años con el fin de incentivar la inversión.
Sin embargo, desde la oposición acusan que se trata de una norma que vulnera la democracia al inhabilitar a los próximos 5 gobiernos a realizar cambios o impulsar leyes en materia tributaria.
El último requerimiento, presentado por diputados, también aborda el foco medioambiental acusando un bloqueo a vecinos y terceros a reclamar contra proyectos en los Tribunales Ambientales si no participaron en las primeras etapas administrativas.
Asimismo, acusan que la norma fija límite de 6 meses máximo a las medidas cautelares ambientales, además de un "blindaje" a la actual Ley de Pesca.
