Con el golpe financiero al Tren de Aragua dado al detener a un ejecutivo de un conocido banco chileno, el proyecto de ley de levantamiento del secreto bancario cobra relevancia.
Imagen referencial sobre levantamiento del secreto bancario - Agencia Uno
El levantamiento del secreto bancario volvió al centro del debate político y legislativo en Chile luego de los recientes avances en investigaciones vinculadas al crimen organizado.
La discusión se ha intensificado debido a la necesidad de seguir la denominada “ruta del dinero”, considerada una de las herramientas más efectivas para desarticular redes criminales dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, corrupción y delitos económicos.
Actualmente, el secreto bancario está regulado por la Ley General de Bancos y establece que la información relacionada con depósitos y captaciones de dinero mantenidas por las instituciones financieras debe permanecer confidencial y solo puede ser conocida por sus titulares o personas autorizadas por ellos. No obstante, la legislación contempla excepciones específicas que permiten su levantamiento bajo determinadas condiciones.
El levantamiento del secreto bancario es el mecanismo legal que permite a autoridades competentes acceder a información financiera protegida cuando existen antecedentes que justifican una investigación.
Contrario a una creencia extendida, el secreto bancario no es absoluto en Chile. Hoy ya puede levantarse en investigaciones penales relacionadas con delitos específicos, mediante autorización judicial solicitada por fiscales o por requerimientos asociados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Además, desde 2022 los bancos deben informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre cuentas que registren movimientos mensuales superiores a 1.500 UF.
La discusión actual apunta a ampliar las facultades de organismos como la UAF y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), permitiéndoles acceder con mayor rapidez a información bancaria en investigaciones relacionadas con crimen organizado, lavado de dinero y corrupción.
El principal punto de conflicto ha sido definir quién puede autorizar el acceso a la información bancaria.
Mientras sectores de izquierda que impulsan la reforma sostienen que el levantamiento del secreto bancario es indispensable para combatir eficazmente organizaciones criminales y delitos económicos complejos, sus detractores argumentan que flexibilizar el acceso a datos financieros podría afectar derechos fundamentales vinculados a la privacidad y al debido proceso.
La iniciativa continúa en discusión legislativa y forma parte de los proyectos asociados al fortalecimiento de la inteligencia económica y financiera del Estado. Aunque existe consenso transversal sobre la necesidad de mejorar las herramientas contra el crimen organizado, persisten diferencias respecto de los mecanismos de control y las garantías para proteger los derechos de los ciudadanos.
Por ello, el debate ya no se centra en si el secreto bancario puede levantarse, algo que la legislación vigente ya contempla en determinados casos, sino en quién debe autorizarlo, bajo qué circunstancias y con qué nivel de supervisión judicial o administrativa.
