El 74% apoya más rapidez del Estado ante el crimen y el 94% exige sanciones penales por uso indebido de datos bancarios.
Imagen referencial sobre el levantamiento del secreto bancario - Agencia Uno
En medio del debate sobre el avance del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa se ha transformado en uno de los temas de mayor controversia política.
Mientras una amplia mayoría de la ciudadanía respalda la medida, el Senado rechazó esta semana la norma que buscaba otorgar mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información bancaria en casos específicos vinculados a delitos económicos y crimen organizado.
La propuesta formaba parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y tenía como objetivo agilizar el seguimiento de operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y redes criminales. Sin embargo, tras una votación empatada de 24 votos a favor y 24 en contra, la iniciativa fue rechazada y deberá continuar su discusión en una comisión mixta.
El rechazo legislativo contrastó con los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, difundida el 11 de junio, que mostró un respaldo transversal a la medida.
Según el sondeo, el 83% de los encuestados está de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa. Además, un 74% considera que el Estado debe poder acceder con mayor rapidez a información bancaria sospechosa para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
La encuesta también reveló que el 94% de los consultados cree necesario establecer sanciones penales para funcionarios que hagan un uso indebido de estos antecedentes, mientras que el 56% estima que el Congreso debería fiscalizar el ejercicio de esta facultad.
Los defensores de la iniciativa sostienen que el actual sistema ralentiza las investigaciones, ya que obliga a obtener una autorización judicial antes de acceder a antecedentes bancarios protegidos por secreto.
La discusión tomó fuerza tras la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que reveló la participación de ejecutivos bancarios en las maniobras financieras de la organización criminal. El caso reabrió el debate sobre la necesidad de seguir con mayor rapidez la ruta del dinero de las bandas criminales.
Los senadores oficialistas de derecha defendieron la necesidad de mantener la autorización judicial como requisito previo para acceder a datos bancarios protegidos.
Desde ese sector se ha argumentado que eliminar dicho control podría afectar garantías fundamentales relacionadas con la privacidad y el debido proceso, por lo que consideran indispensable la intervención de un juez antes de levantar el secreto bancario.
