El gobierno anunció recientemente la idea de realizar modificaciones al sistema de indemnizaciones por años de servicio para sustituirlo por uno "a todo evento", medida que despierta las sospechas de parte de la clase trabajadora ante un eventual costo para dicho sector.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que la iniciativa surge a raíz del alto costo que asume una empresa cuando despide a un trabajador por necesidades: "Es uno de los más altos de los países desarrollados de la OCDE", dijo en conversación con Emol TV.
Actualmente en Chile, si una persona es despedida bajo la justificación de "necesidades de la empresa", tiene derecho a recibir un mes de sueldo por cada año trabajado. En ese sentido, la idea del gobierno es que el empleador pague una cotización adicional —1,8% propuso el ministro, sumada al aporte que ya hace para el Seguro de Cesantía—.
Sin embargo, este dinero podrá ser recibido independiente de si la persona es despedida por años de servicio, sino también por renuncia voluntaria. De todas formas, el propio ministro Rau aclaró que esta modalidad se implementaría para nuevos contratos laborales.
¿Menos finiquito para los trabajadores?
El vicepresidente de Formación y Capacitación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Llaulen, expresó su molestia por la línea política que ha mantenido el gobierno de "seguir insistiendo con cargarle los costos de las medidas que toma a las y los trabajadores".
Si bien aún no existe una propuesta oficial y concreta, desde la organización temen una afectación a los trabajadores debido a iniciativas que ha impulsado el gobierno respecto a otras materias laborales: "ya hemos visto cómo son las indicaciones que ha presentado para la Sala Cuna Universal, y cómo terminan siendo pagadas por la clase trabajadora".
En ese sentido, "creemos que esta misma figura es la que quieren instalar, a propósito de lo que ellos mal llaman 'indemnización a todo evento'. Primero el ministro da unas declaraciones de la creación de un fondo perteneciente al Seguro de Cesantía para poder costear esto, pero además declara que según los países de la OCDE, con los que nos comparan, pagan la mitad de la indemnización que se paga actualmente, en el caso de las y los chilenos".
Por lo tanto, desde la CUT "advertimos esto como una necesidad frente al desconocimiento que muchos tienen y cómo el gobierno trata de instalar materias tremendamente sensibles como si fueran oportunidades, pero terminan siendo retrocesos en materia de derechos.
Por otro lado, el abogado experto en materia laboral, Miguel Barros, tomó una postura menos alarmista al sostener que "hay que esperar la propuesta del gobierno". Sin embargo, se refirió a la propuesta como un "slogan".
Si bien reconoció que "hay mucho que puede mejorar en la regulación", las modificaciones que busque implementar el presidente José Antonio Kast deberá realizarse "en base al principio tutelar de la parte trabajadora, porque es la parte más débil de la relación laboral".
Finalmente, explicó que, si lo que busca el Ejecutivo es precarizar "aún más el empleo", solo sería una nueva "muestra" de que el gobierno estaría enfocado en "abaratar costos al gran empresariado como receta de crecimiento".