Claudio Alvarado admitió desconocer el requerimiento del Gobierno ante el TC, mientras La Moneda reconoció dificultades de comunicación interna.
Ministro Claudio Alvarado reconoció el error del gobierno - Agencia Uno
El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta un nuevo cuestionamiento por su coordinación interna luego que el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, reconociera que no estaba informado del requerimiento presentado por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una norma sobre reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La situación abrió un nuevo flanco dentro del comité político de La Moneda, particularmente por tratarse de una decisión impulsada por el propio Ejecutivo en el marco del proyecto de la megarreforma, una de las iniciativas legislativas centrales del Gobierno. Mientras Alvarado afirmó que no contaba con la información, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció posteriormente dificultades de comunicación interna.
La controversia se conoció luego que Alvarado fuera consultado por la presentación realizada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El biministro respondió que se trataba de una información con la que no contaba y evitó pronunciarse sobre antecedentes que, según explicó, no manejaba.
Alvarado señaló además que el proyecto de Reconstrucción había tenido la conducción técnica y legislativa del Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, y sostuvo que las decisiones adoptadas en ese ámbito eran legítimas.
El episodio resulta especialmente relevante por el papel de Alvarado dentro del Ejecutivo. Además de encabezar Interior, el secretario de Estado ejerce como biministro de Interior y Segegob, por lo que integra el núcleo político de La Moneda.
La presentación ante el TC busca impugnar el artículo 31 del proyecto de ley de Reconstrucción, disposición que establece la reconexión gratuita de determinados servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
Desde el oficialismo también surgieron reconocimientos a las dificultades internas. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que probablemente existió un problema de coordinación y afirmó que los presidentes de los partidos oficialistas sí habían sido informados sobre la decisión.
En paralelo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó restar dramatismo al episodio y calificó como “un detalle” el hecho de que Alvarado no conociera el requerimiento.
Las distintas explicaciones no evitaron que el episodio se instalara como un nuevo foco de cuestionamientos sobre el funcionamiento del comité político del Gobierno.
El requerimiento apunta al artículo 31 del proyecto de ley de Reconstrucción, que contempla la reposición gratuita de servicios básicos para personas afectadas por catástrofes, incluso en determinadas situaciones en las que existan deudas pendientes.
La norma se refiere a la reconexión de servicios como agua potable, electricidad y gas en zonas declaradas en Estado de Catástrofe. La disposición fue incorporada durante la tramitación legislativa y posteriormente el Ejecutivo decidió recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionar su constitucionalidad.
El Gobierno sostiene que la disposición cuestionada no tendría relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, argumento que se vincula con las reglas constitucionales sobre la tramitación de las iniciativas legislativas.
La decisión provocó además un enfrentamiento político entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la senadora Karol Cariola, quien cuestionó al secretario de Estado por llevar la norma ante el TC.
