iEl Tribunal Constitucional inicia las audiencias públicas para escuchar a los intervinientes en los requerimientos contra la megarreforma del gobierno de Kast.
Gobierno de Kast deberá defender su megarreforma en el TC - Agencia Uno
ítLa megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast enfrenta este miércoles una nueva etapa, ahora en el Tribunal Constitucional (TC). El proyecto, aprobado por el Congreso, fue objeto de tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición, los que fueron admitidos a trámite y declarados admisibles por el organismo.
Desde las 09:00 horas de este miércoles 12 de agosto, el Pleno del TC escuchará a organizaciones, instituciones y personas que solicitaron intervenir como terceros interesados en la controversia. Las causas corresponden a los roles 17.828-26-CPT, 17.829-26-CPT y 17.832-26-CPT, que fueron acumulados para su tramitación. El propio Tribunal Constitucional confirmó la audiencia pública en su agenda oficial.
La audiencia reúne a un amplio grupo de actores provenientes del mundo político, económico, académico, sindical y empresarial. Para las dos jornadas vinculadas al proceso hay más de 100 intervinientes inscritos, entre ellos senadores, diputados, exconvencionales, economistas y exautoridades.
La cifra de inscritos para las dos jornadas no debe confundirse con el número de organizaciones que participarán específicamente durante la audiencia pública de este miércoles. Emol informó que el TC escuchará a 56 entidades y personas jurídicas durante esta primera instancia, entre organizaciones ambientales, gremios, sindicatos, centros de estudios y otras agrupaciones.
Entre quienes aparecen en la nómina están el economista Klaus Schmidt-Hebbel, el excontralor Ramiro Mendoza, quien participa en representación del Consejo del Salmón de Chile, y los exministros Ricardo Solari y Jorge Correa Sutil. También figura la socióloga Pierina Ferretti, quien expondrá en representación de la Fundación Nodo XXI.
La cifra de inscritos para las dos jornadas no debe confundirse con el número de organizaciones que participarán específicamente durante la audiencia pública de este miércoles. Emol informó que el TC escuchará a 56 entidades y personas jurídicas durante esta primera instancia, entre organizaciones ambientales, gremios, sindicatos, centros de estudios y otras agrupaciones.
Los tres requerimientos no buscan impugnar la totalidad del proyecto, sino disposiciones específicas de la megarreforma. Uno de los principales cuestionamientos apunta al régimen de invariabilidad tributaria, que contempla períodos de 10, 15 y 20 años. Los requirentes sostienen que estas disposiciones serían contrarias al carácter democrático de la República establecido en la Constitución.
Otro requerimiento se refiere al régimen especial de compensación con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). La controversia se centra en las normas que establecen la posibilidad de compensar determinados gastos directos, efectivos y no recuperables realizados por titulares de proyectos mientras sus permisos ambientales se encontraban vigentes.
El requerimiento presentado desde la Cámara de Diputadas y Diputados tiene, además, un alcance más amplio e incorpora cuestionamientos vinculados con materias ambientales, pesqueras y acuícolas, junto con disposiciones relativas a procedimientos ante los tribunales ambientales.
El Tribunal Constitucional resumió el conflicto señalando que las impugnaciones comprenden materias relacionadas con la invariabilidad tributaria, las compensaciones derivadas de anulaciones de RCA, las limitaciones para presentar determinados recursos dentro del Sistema de Evaluación Ambiental y la regulación de medidas cautelares.
Entre las organizaciones que buscan intervenir en el proceso está la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que presentó ante el TC una solicitud para participar como tercero ajeno al litigio.
La organización sindical, representada por su presidente nacional José Pérez Debelli y con el patrocinio del abogado Francisco Neira Reyes, identificó tres ejes de preocupación respecto de la iniciativa.
El primero corresponde a los artículos 12 y 13, relacionados con el mecanismo indemnizatorio asociado a la anulación judicial de RCA. La ANEF sostiene que estas disposiciones podrían generar una situación de discriminación y desprotección para funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
El segundo eje corresponde al artículo 29, referido a la invariabilidad tributaria. Según la organización, el mecanismo podría generar un trato diferenciado según el monto de inversión y limitar futuras decisiones legislativas vinculadas con materias presupuestarias.
El tercer cuestionamiento apunta al artículo 6, que, según la interpretación de la ANEF, permitiría delegar determinadas labores de fiscalización ambiental en entidades privadas financiadas por los propios sujetos fiscalizados.
La audiencia pública de este miércoles tiene como objetivo escuchar a terceros interesados, por lo que no corresponde confundir esta instancia con la audiencia en la que el TC conocerá los alegatos de las partes involucradas directamente en los requerimientos.
El calendario del organismo contempla para el jueves 13 de agosto la audiencia de alegatos en la que el Pleno escuchará a las partes antes de resolver el fondo de las impugnaciones. El TC estableció expresamente ese itinerario al declarar admisibles los requerimientos.
Por ello, la jornada de este miércoles constituye una primera instancia de exposición pública de los distintos argumentos que rodean la controversia constitucional. Entre ellos estarán las críticas a la invariabilidad tributaria, el régimen de compensaciones por anulaciones de RCA, las disposiciones ambientales y las normas que distintos actores consideran problemáticas para el funcionamiento de la administración pública.
La decisión que adopte posteriormente el Tribunal Constitucional será determinante para establecer el futuro de las disposiciones cuestionadas de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, aprobada por el Congreso pero todavía sometida al control constitucional antes de su eventual promulgación.
