La Sala respaldó los tres vetos presentados por el Ejecutivo, poniendo fin a la tramitación legislativa de la megarreforma.
Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la sesión en Sala del Senado por vetos a la megarreforma. Créditos: Agencia Uno.
Durante la tarde de este miércoles, la Sala del Senado aprobó los tres vetos supresivos presentados por el gobierno respecto al proyecto de megarreforma que habían sido aprobados durante su tramitación en el Congreso: se trata del anatocismo, el derecho al olvido financiero y el pago en un plazo máximo de 30 días para pymes.
Este respaldo, junto a la aprobación en la Cámara el pasado lunes, supone el término de la tramitación legislativa de la megarreforma.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó su conformidad con lo resulto: "las entidades especializadas nos respaldan en los vetos”.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) manifestó su preocupación frente a los vetos y al proyecto en general: "para los millonarios perdonazo y para los emprendedores recortes, muerte financiera, cobro de intereses sobre interés y pago a 90 días. Ni la reposición gratis de los servicios básicos, nada. Gobierno de los abusos, eso son".
La Sala del Senado aprobó el veto contra la norma que prohibía el anatocismo o el cobro de interés por sobre intereses.
Desde la oposición, sostuvieron que la banca utiliza este mecanismo para "hundir" a la ciudadanía mediante cobros extras muy altos. Asimismo, aclararon que no pretendían hacer que los bancos quebraran, sino evitar lo que consideran "abusos".
Sin embargo, quienes respaldaron el veto advirtieron que los bancos también pagan interés compuesto sobre depósitos que van a los fondos previsionales de los ahorrantes. Además, eliminar el anatocismo encarecería o cerraría el acceso al crédito para la población más vulnerable.
Se trata de la norma que obligaba a los bancos y comercios a borrar historiales de deudas impagas o extinguidas desde un periodo de 5 años.
Quienes se opusieron a este veto sostienen que es urgente quitarles una "mochila pesada" a las personas castigadas financieramente para que puedan volver a empezar. Asimismo, señalaron que los bancos siempre conocen los historiales, pero el punto es no castigar de forma perpetua.
Por el contrario, los quienes aprobaron el veto explicaron que el riesgo crediticio no se elimina por decreto; borrar el historial no garantiza que se le puedan volver a otorgar productos financieros a quien lo pida. A su vez, restringir la información financiera termina encareciendo o bloqueando el crédito para todos los clientes.
Se trata de un veto que elimina la medida que reforzaba y ajustaba la normativa de pago a 30 días para pequeñas y medianas empresas.
Desde la oposición explican que existe una asimetría aplastante entre grandes empresas y pymes. Si un comprador no paga a tiempo, familias enteras quedan sin empleo. En ese sentido, calificaron la eliminación de esta protección como una decisión que favorece a los grandes en desmedro del que emprende.
Por el contrario, desde el oficialismo argumentaron que si el crédito o las condiciones comerciales se vuelven muy rígidas, la primera en perder el acceso es la propia pyme. Asimismo, coincidieron con los informes técnicos (Banco Central y CMF) e indicaron que el tema debe abordarse en la mesa de trabajo ProPyme y no mediante un único artículo.
