Chile es un país de contrastes forestales profundos. Mientras las cifras oficiales contabilizan cerca de 15 millones de hectáreas de bosque nativo, simultáneamente el paisaje de la zona centro-sur del país ha sido transformado por más de 3 millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto. Esta configuración no es casual: es el resultado directo de una historia económica que prioriza la celulosa y el rendimiento industrial por sobre la salud de los ecosistemas y la vida de las comunidades que cohabitamos estas cuencas.
Recientemente, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, presentó la hoja de ruta del Minagri para fortalecer el sector silvoagropecuario, señalando la intención de "volver a contar en Chile con una ley o instrumento de fomento forestal, dado que es una actividad muy importante que ha quedado completamente rezagada y tenemos que aumentar la superficie forestal de Chile".
Estas palabras reactivan de inmediato la memoria histórica de los territorios. Hablar de un nuevo instrumento de "fomento forestal" nos remite inevitablemente al Decreto Ley 701 promulgado en 1974, un mecanismo de subsidios estatales que financió durante décadas la expansión de las plantaciones de pino y eucalipto.
Aquella política generó un modelo de concentración de la tierra que dejó profundas cicatrices ambientales y sociales: erosión del suelo, desecamiento de napas subterráneas y vertientes, pérdida sistemática de biodiversidad, incendios forestales de escala catastrófica y el empobrecimiento y desplazamiento de comunidades rurales e indígenas.
Por otro lado, la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal demoró más de 15 años de pausada tramitación legislativa en el Congreso para ser aprobada. Y aunque representó un hito histórico, con los años demostró severas deficiencias: presupuestos reducidos, trabas burocráticas para los pequeños propietarios y una capacidad de fiscalización limitada. El resultado ha sido un bosque nativo neutralizado institucionalmente, mientras los monocultivos continuaron dominando el incentivo público y la matriz productiva.
Frente a este escenario y al anuncio de una nueva política pública, la pregunta que nos hacemos desde el Comité Ambiental Kurarewe y desde Bosquentrama es ética y estratégica: ¿Seremos capaces como país de hacer un verdadero cambio de paradigma, transitando del modelo forestal tradicional extractivo a un modelo de Regeneración de Bosque?
Desde las cuencas que sostienen la vida en los territorios cordilleranos, entendemos que una nueva política para el Bosque Nativo no puede ser un "DL 701 pintado de verde", ni un simple subsidio para la industria extractiva. Esperamos y exigimos una política pública construida sobre una gobernanza territorial real y descentralizada, donde las decisiones sobre el destino de nuestras cuencas no sigan tomándose desde los escritorios de Santiago o de las grandes capitales regionales, sino integrando el saber local, la sabiduría ancestral y la gestión comunitaria en el corazón de la planificación.
Asimismo, esta nueva visión debe situar la restauración ecológica integral y el resguardo hídrico como pilares fundamentales. Fomentar la superficie forestal no debe significar plantar especies exóticas de rápido crecimiento, sino enfocarse en la restauración activa del bosque nativo, la protección de las zonas de recarga de agua y la conservación de los suelos degradados.
Finalmente, esto debe acompañarse del fortalecimiento de economías de conservación comunitaria. Proteger el bosque debe ser una opción viable y digna para las familias campesinas e indígenas, requiriendo incentivos directos para la recolección sustentable de productos no maderables, el viverismo comunitario de especies autóctonas del territorio y el manejo forestal de conservación con valor local. El bosque nativo no es un inventario de metros cúbicos de madera esperando ser explotados: es un entramado vivo, un refugio de biodiversidad y la principal garantía de agua y vida para las futuras generaciones.
Desde el Comité Ambiental Kurarewe hacemos este llamado con la certeza de que aún estamos a tiempo de enmendar el rumbo. El bosque nativo nos ha sostenido durante generaciones; hoy nos toca a nosotros exigir una política estatal que esté a la altura de su dignidad y su memoria. Escuchar a los territorios ya no es una opción de buena voluntad, es la única garantía de que nuestras cordilleras sigan teniendo futuro.
