El Ministerio del Interior contrató a un estudiante de 19 años, con casi dos millones de pesos, para encargarse de las redes sociales.
Ministro del Interior, Claudio Alvarado. Créditos: Agencia Uno.
Tras revelarse la contratación de recién egresados con millonarios sueldos en diversas carteras del gobierno, se suma ahora el caso de un estudiante de la carrera de periodismo que ejerce como encargado de redes sociales para el Ministerio del Interior con una remuneración de casi $2 millones.
Según reveló Contrapoder, se trata de Cristóbal Soto, un joven de 19 años que estaría cursando el primer año de Periodismo en la Universidad de Los Andes y que, de acuerdo con fuentes del citado medio, se jactaría de trabajar para el Gobierno a su corta edad.
El joven, que mantendría contrato bajo el régimen de honorarios, ejerce el cargo de "Redes Sociales y Apoyo Comunicacional” debiendo difundir la información oficial de la cartera y las actividades del ministro Claudio Alvarado.
Su remuneración inicial habría sido de $3.230.000 y ya desde mayo habría comenzado a recibir $1.900.000. Además, según su LinkedIn, anteriormente habría ejercido como community manager del estamento de mujeres UDI e integró el área de estrategia digital del alcalde del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.
Asimismo, y según fuentes del citado medio, Soto se jactaría de ser un joven de 19 años con contrato en los pasillos de La Moneda.
Este caso se suma al de la abogada de 26 años Camila Pérez, recién egresada de la Universidad San Sebastián y militante de Renovación Nacional, que llegó al Servicio Nacional de Migraciones para ejercer como asesora, con una remuneración que en junio ascendió a más de $4 millones gracias al pago de bonificaciones, según reveló The Clinic.
Caso similar es el de Trinidad Zegers, la abogada recién egresada de la Universidad Católica que ingresó al Ministerio de Justicia en abril, el mismo mes que juró ante la Corte Suprema.
Según el gobierno, llegó a cumplir funciones de coordinación como parte del equipo de asesores para reformar el Código Procesal Civil por un cifra de $2 millones.
