Como madre, sé lo difícil que es compatibilizar el trabajo con la crianza. Detrás de cada decisión sobre cuidados hay familias que hacen esfuerzos enormes para salir adelante y mujeres que muchas veces deben postergar su desarrollo laboral porque simplemente no tienen dónde dejar a sus hijos. Por eso, avanzar hacia una sala cuna universal es una buena noticia y un paso que nuestro país necesita.
Sin embargo, la aprobación del copago en la Comisión de Educación del Senado nos obliga a levantar una alerta. Un derecho deja de ser realmente universal cuando su acceso depende de la capacidad de pago de las familias. Aunque pueda parecer un monto menor, para muchas madres ese costo puede transformarse en una barrera que termine impidiendo el acceso al beneficio.
Las mujeres seguimos enfrentando mayores dificultades para encontrar y mantener un empleo, y seguimos siendo quienes asumimos la mayor parte de las tareas de cuidado. En ese contexto, cualquier carga económica adicional golpea con más fuerza a quienes ya enfrentan más obstáculos. Si el objetivo de esta política es aumentar la participación laboral femenina y dar más oportunidades a las familias, no podemos diseñarla dejando a algunas atrás.
Esta discusión también nos invita a preguntarnos quién debe financiar los cuidados. No es justo que una política pública tan importante termine trasladando parte de su costo a las familias. Si realmente queremos que la sala cuna universal sea un derecho garantizado, el Estado debe asumir un rol protagónico y los empleadores también deben ser parte del esfuerzo.
La sala cuna universal puede marcar un antes y un después para miles de mujeres. Pero para que eso ocurra, debe ser verdaderamente accesible. Porque un derecho que depende del bolsillo deja de ser universal, y las madres de Chile necesitamos certezas, no nuevas barreras.