Este asunto no tiene tintes tan privados, porque son más de 200 mil personas las afectadas, y cuando ese número es tal, nos enfrentamos a un problema de interés público.
Se hacen esfuerzos para que no se cancelen los shows de BTS en Chile - Agencia EFE
A la fecha de hoy, ya se han vendido cerca de 200.000 entradas para los tres conciertos en Chile de la banda coreana BTS: un gran número de compradores o consumidores, pero más allá de esas denominaciones jurídicas, un gran número de personas.
Bien sabemos que existe un conflicto entre el Gobierno (mediante el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes) y la productora a cargo del evento, DG Medios. El problema radica en la falta de permisos definitivos para la realización del evento, que ya se encuentra agendado y vendido. Conforme a los últimos dichos de ambas partes involucradas, el culpable de esta descoordinación aún está en disputa.
Por un lado, los organismos públicos sostienen que nunca se cerró la tramitación del evento y que, por tanto, no existen los permisos para que este se realice. Así las cosas, la productora habría sido imprudente al haber promocionado el concierto sin haber realizado todas las gestiones necesarias. Por otro lado, DG Medios acusa al Ministerio y al IND de desconocer un acuerdo para el arriendo del Estadio Nacional; su representante dice haberle dado la mano a la ministra en señal de cierre del acuerdo.
En este detalle me voy a detener. No es posible que una productora de gran tamaño crea que un contrato de esa envergadura se pueda cerrar con un apretón de manos; no se justifica que esa sea su defensa, tras décadas en el negocio de los eventos y de la tramitación de los mismos mediante extensos documentos, contratos y permisos. No podría decir que son ingenuos: creo que manifestar esta defensa cae en lo que llamamos "pasarse de listos". Por tanto, el primer culpable de toda esta descoordinación es la productora, a menos, claro, que tengan toda la documentación que acredite que ese apretón de manos es legalmente suficiente para contratar con el Estado.
Ahora bien, esto no libera de responsabilidad a las entidades públicas, pues desde fines de marzo y principios de abril ya se hablaba de esta popular banda; incluso se adecuaron otros acontecimientos musicales para no afectar la llegada de los coreanos. Nada justifica la pasividad del Ministerio y del Instituto ante la publicidad y venta de entradas ya efectuada. Aparecer con problemas cuando ya se acercan las fechas es, a lo menos, negligente.
Yo no quiero que estas imprudencias y negligencias las paguen los y las fans de la banda; no es justo que sufran los perjuicios de conductas que van más allá de sus posibilidades. En situaciones de menor envergadura, hablaríamos de conflictos de carácter privado y, por tanto, nada tendría que hacer el mundo político en ello. Para eso están los tribunales, donde los sujetos pueden accionar y defenderse cuando se les ha incumplido lo contratado. Pero este asunto no tiene tintes tan privados, porque son más de 200 mil personas las afectadas, y cuando ese número es tal, nos enfrentamos a un problema de interés público.
¿El concierto se debe realizar? Sí. ¿El concierto se debe realizar en el Estadio Nacional? Por supuesto. Si llegan a existir daños en la cancha u otro tipo de perjuicio, los responsables son la productora y las entidades públicas, no BTS ni las ARMY. Suspender las fechas o cambiarlas de recinto significa perjudicar a miles de personas (y negocios) que confían en un servicio y en el Estado. No se les puede hacer responsables a ellos, pues no han sido quienes actuaron con imprudencia ni negligencia.
Después, si quieren, tanto la productora como el Estado podrán litigar entre sí sobre los perjuicios causados y sobre los montos a indemnizar; pero, mientras tanto, deben dejar de jugar con los derechos adquiridos de las personas, así como tampoco con sus emociones.
