El problema no es que los datos falten. El problema es que los datos existen y la respuesta institucional no los alcanza.
Imagen referencial sobre aguas servidas - Agencia Uno
En 2025, el Hospital de Frutillar registró 93 personas que buscaron atención por adicciones. Solo 33 pudieron ser tratadas. Las otras 60 quedaron en lista de espera o desaparecieron del registro, no porque el equipo clínico haya fallado, sino porque el sistema no fue diseñado para la escala del problema real.
Mientras en el Senado permanece detenida una nueva Ley de Salud Mental Integral que promete derechos exigibles y obligaciones claras para el Estado, el caso de Frutillar recuerda que la distancia entre la ley y la realidad se mide en personas que golpean una puerta y no encuentran respuesta.
Hay una ironía científica que ilumina esa brecha desde lejos. Mientras los gobiernos publican planes nacionales de salud mental con lenguaje institucional que aspira a la consistencia, una red de laboratorios europeos obtiene información más honesta sobre el uso de sustancias analizando lo que sus ciudades desechan por el inodoro.
El Grupo de Análisis Central de Aguas Residuales de Europa (SCORE) lleva más de una década midiendo residuos de cocaína, anfetaminas, MDMA y cannabis en más de cien ciudades. No pregunta, no encuesta, no espera declaraciones ante un funcionario: detecta. Y lo que detectó en 2025 es sostenido y geográficamente consistente: las ciudades del sur y occidente europeo —Amberes, Middlesbrough, Barcelona, Lisboa, Roma— concentran las mayores cargas de cocaína por habitante del continente, con una tendencia que no ha hecho sino crecer desde 2016.
Al mismo tiempo, los informes de la OCDE sobre salud mental revelan que ese mismo arco geográfico ha destinado históricamente una fracción menor de su presupuesto sanitario a la atención psicosocial. Francia y Noruega invierten más del 10% del gasto en salud en políticas de salud mental. España, Italia y Portugal se sitúan por debajo del promedio OCDE, fijado en torno al 6,7%. Conviene ser rigurosos: la coincidencia geográfica no establece causalidad directa.
Son variables asociadas dentro de un sistema complejo donde intervienen factores económicos, culturales y de urbanización. Lo que sí permiten afirmar estos datos es que existe un patrón estructural: los territorios que menos invierten en respuesta temprana al malestar psíquico tienden a concentrar indicadores más altos de consumo. La dirección de esa asociación tiene implicancias que no es razonable ignorar.
La OCDE advierte hace años que los costos totales de la salud mental no atendida equivalen a más del 4% del PIB de sus países miembros —ausentismo laboral, pensiones anticipadas, gasto hospitalario de urgencia— y que aun así dos de cada tres personas que necesitan atención no la reciben. En el espacio vacío entre el diagnóstico y la respuesta, prospera la economía del consuelo autoadministrado. Los datos de aguas residuales muestran que el consumo de cocaína es alto tanto en ciudades de mayor ingreso como en territorios de mayor vulnerabilidad social, aunque con patrones distintos.
Lo que tienen en común es la escasez de respuesta institucional oportuna: servicios de salud mental con listas de espera, horarios incompatibles con la vida laboral o simplemente ausentes en comunas alejadas de los centros urbanos. El consumo, en ese sentido es el síntoma de un sistema que llega tarde.
Chile no ha estado al margen de este debate. En 2019 el gobierno de Sebastián Piñera adoptó el Modelo de Islandia —intervención comunitaria, fortalecimiento del entorno familiar, actividades de ocio como sustitutos del consumo—, convirtiéndose en el primer país de América en implementarlo a escala nacional.
En 2021 la Ley N° 21.331 estableció derechos explícitos en atención de salud mental, aunque los especialistas señalaron que se centraba en la hospitalización psiquiátrica y no constituía aún una política integral. Durante tres años el gobierno de Boric ejecutó una inversión de $1,44 billones en salud mental, con un crecimiento del 27% según cifras del Ministerio de Salud. La dirección parece correcta, queda tarea en la eficiencia de ese gasto.
Cada miligramo de benzoilecgonina (principal metabolito de la cocaína) que llega a una depuradora urbana es, en parte, la huella de alguien que buscó en otro lugar lo que el sistema sanitario no le ofreció a tiempo. Cada una de las 60 personas no atendidas en Frutillar es el equivalente local de esa misma huella: visible en los datos, invisible para el presupuesto. El problema no es que los datos falten. El problema es que los datos existen y la respuesta institucional no los alcanza.
La Ley de Salud Mental Integral que tramita el Congreso, el Ministerio de Salud que debe traducirla en dotación real, y los municipios que administran la primera línea de atención tienen ante sí la evidencia necesaria para actuar. Lo que Frutillar documenta no es una excepción, es el sistema funcionando al límite de lo que fue diseñado para hacer. Rediseñarlo es una decisión política que tiene nombre, presupuesto y fecha.
