Sin declaración de emergencia pesquera, sin un enfoque ecosistémico con respaldo normativo, el costo del próximo evento de El Niño lo pagarán la pesca artesanal y las familias con menos recursos.
Imagen referencial de pesca artesanal - Agencia Uno
Existe una dura ironía con respecto a la pesca en Chile y el acceso a estos alimentos, que se está viendo más duramente impactada por decisiones del Gobierno y efectos de El Niño. Chile es la décima potencia pesquera del mundo y, sin embargo, el pescado se ha vuelto un alimento inaccesible para una parte importante de sus propios ciudadanos.
Entre 2020 y 2023, su precio acumuló un alza de 68,3%, ubicándose entre los 15 productos con mayor encarecimiento de la canasta básica según datos del INE. En enero de 2023, pescados y mariscos registraron alzas de 36,4% y 17,3% respectivamente en doce meses. El kilo de reineta en filete se encuentra alrededor de $15.000; la merluza austral a $14.000. Eso no es casualidad: es el resultado de una cadena de decisiones postergadas sobre cómo administrar un recurso que el cambio climático está afectando aceleradamente.
Detrás de ese precio, que impacta directamente a las familias, también hay un trabajador que pierde. La pesca artesanal se extiende a lo largo de toda la costa chilena y sus islas, generando más de 100.000 empleos directos e indirectos en caletas que son, frecuentemente, la única fuente de ingresos de sus comunidades.
Son economías locales sin sustituto: cuando la pesca falla, no hay otra actividad que absorba ese impacto. Y cuando llega un evento climático extremo, estos trabajadores enfrentan el shock sin red de protección: no existe una "declaración de emergencia pesquera" que permita allegar ayudas oportunas, y las cuotas de imprevistos contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) no dan una respuesta adecuada frente a anomalías de origen ecosistémico. La invisibilización del sector artesanal ante las crisis no es nueva, pero sí es una decisión que se replica en cada emergencia.
Hoy nos enfrentamos nuevamente a El Niño. Chile figura entre las diez principales potencias pesqueras del mundo, condición que no es casual, sino producto de la Corriente de Humboldt, que proporciona aguas ricas en nutrientes y oxígeno, clave para la producción primaria y la alta biodiversidad de nuestro maritorio. Las exportaciones del sector alcanzaron US$ 9.230 millones a octubre de 2025, un 4,6% más que en igual período del año anterior (Subpesca). Sin ir más lejos, el jurel —la principal pesquería extractiva del país— anotó exportaciones récord por US$ 479 millones (ProChile).
Estos datos importan frente a lo señalado por el ministro Quiroz este fin de semana, quien atribuyó la debilidad de la actividad a "una herencia que traíamos", junto a shocks específicos en minería y pesca. Pero los números muestran que la herencia del sector pesquero fue, precisamente, un año récord: la contracción de 2026 no se explica por el pasado, sino por lo ocurrido bajo la actual administración: un alza del diésel de 55% en el año, compensaciones tardías, insuficientes y parciales, y el retiro del proyecto Nueva Ley de Pesca.
Pero esa cifra de exportaciones esconde una fragilidad estructural: las capturas artesanales que abastecen el mercado interno y sostienen el empleo costero son las más expuestas cuando llegan las aguas cálidas. La llegada de El Niño desplaza los peces hacia zonas más profundas en búsqueda de aguas frías, provoca drásticas pérdidas de bosques de algas y altera las dinámicas de recursos bentónicos como mariscos y algas. El pescador pierde ingreso y el consumidor paga más. Los dos extremos de la cadena se empobrecen al mismo tiempo.
La historia reciente identifica eventos de El Niño de alta o moderada intensidad en 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024, todos con efectos que obligaron procesos de adaptación "en la medida de lo posible". El Banco Central de Chile ha documentado que estos eventos se transmiten a la economía nacional a través de cuatro canales: agricultura, pesca, infraestructura y energía.
Para dimensionar la escala del riesgo, el caso peruano es ilustrativo: en Perú, cuya economía pesquera comparte la misma Corriente de Humboldt, el evento ENSO de 2023 fue catalogado como el peor en décadas, con pérdidas de más de US$ 1.400 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado y una caída de 0,5% del PIB.
Chile comparte el mismo océano y la misma exposición, y responde con una norma rígida —la LGPA— que no permite aprovechar oportunamente las especies que aparecen temporalmente con las aguas cálidas ni responder con flexibilidad a cambios ecosistémicos rápidos. No se puede continuar administrando el sector desde una perspectiva monoespecífica e inflexible cuando el ecosistema que lo sostiene opera con una lógica multiespecífica y dinámica.
Lo paradójico es que Chile no parte de cero: existe una política de Estado explícita al respecto. En noviembre de 2024, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de Pesca y Acuicultura 2025-2029, elaborado conjuntamente por el Ministerio del Medio Ambiente y Subpesca, en el marco de la Ley Marco de Cambio Climático. El plan establece medidas concretas para fortalecer la resiliencia del sector mediante un enfoque ecosistémico, investigación de escenarios de impacto y apoyo a las comunidades costeras.
Es mandato legal. Sin embargo, el Gobierno también retiró el proyecto para una Nueva Ley de Pesca que se discutía en el Congreso —la misma que situaba al cambio climático como uno de sus ejes fundamentales y de mayor innovación regulatoria—, dejando sin soporte normativo la implementación de ese plan. La urgencia climática obliga a crear mecanismos flexibles de administración en sectores productivos altamente dinámicos como la pesca. Retirar esa ley no es solo una decisión sectorial: es dejar una política de Estado aprobada sin las herramientas idóneas para ejecutarla.
Sin manejo adaptativo, sin declaración de emergencia pesquera, sin un enfoque ecosistémico con respaldo normativo, el costo del próximo evento de El Niño lo pagarán los mismos de siempre: el pescador artesanal que pierde la temporada, quienes realizan actividades conexas a la pesca artesanal y la familia que ya no puede poner pescado en la mesa. La doble vulnerabilidad —del trabajador costero y del consumidor de menores ingresos— no es un efecto secundario del cambio climático: es el resultado de no haber actualizado a tiempo las reglas del juego. Al parecer, nuevamente le tocará al sector artesanal remar con la mar de fondo.
