Este lunes 6 de abril, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se dio a conocer que el nuevo gobierno cumplió su promesa de retirar el proyecto que establece una nueva Ley de Pesca, renunciando a reparar el vicio de origen que deslegitima a la normativa actual. La iniciativa llevaba más de dos años de tramitación y discusión en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, y recogía demandas largamente postergadas del mundo artesanal, incluyendo avances relevantes en sostenibilidad, participación efectiva en instancias de gobernanza y reconocimiento de derechos sociales.
Con ello, la nueva administración comienza a perfilar cuales serán sus posturas en materia pesquera, pero también instala incertidumbre respecto de los compromisos asumidos con quienes se desempeñan en el borde costero de nuestro país.
Uno de ellos, lo constituye el “Programa de incentivo al pago de las cotizaciones de las y los pescadores artesanales” , propuesta conocida como “Plataforma Social”, que proponía, justamente, un sistema de protección social para trabajadoras y trabajadores del mar, incluyendo el pago de cotizaciones previsionales, de invalidez, de seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, entre otros beneficios.
El mismo día en que el el proyecto fue retirado oficialmente, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, en entrevista con El Mercurio, envió una señal contradictoria: por una parte, reconoció la importancia de retomar ciertos contenidos de la propuesta retirada, entre ellos la Plataforma Social, pero también señaló que dicho programa no contemplaba un mecanismo de financiamiento suficientemente claro, manifestando que durante esta administración se trabajará en una nueva propuesta.
Lo mismo fue replicado en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde otras voces del oficialismo, como el diputado Sergio Bobadilla afirmaron que “en el texto que se retiró, más bien era una declaración de buenas intenciones [...] pero no se decía absolutamente nada con qué recursos y cuántos recursos iban a haber para implementar esta plataforma social”.
Estas afirmaciones resultan discutibles, ya que la propuesta establecía expresamente un “Fondo de la pesca artesanal”, destinado a financiar la Plataforma Social, el cual se compondría de diversas fuentes, entre los cuales destaca un aporte significativo que vendría de un porcentaje (30%) de los recursos generados por las subastas públicas de permisos de pesca asignados a los actores industriales mediante procesos de licitación abierta, autorizaciones que la normativa pesquera denomina como licencias transables de pesca tipo B (LTP-B).
En particular, el proyecto buscaba aumentar significativamente el porcentaje de licencias de pesca que se asignan por esta vía, pasando desde el 15% establecido en la actual LGPA, hasta alcanzar un 50%, lo que habría permitido generar mayores ingresos para financiar esta medida. Se trataba de una fórmula concreta que, aunque perfectible, abría un camino hacia la redistribución de beneficios desde el sector industrial hacia los actores artesanales, quienes históricamente han enfrentado mayores niveles de precariedad.
Lo cierto es que esta materia quedó sin ser discutida en profundidad, ya que formaba parte de los 69 artículos que la Comisión de Pesca no alcanzó a someter a votación en particular, ante el retiro del proyecto.4 En ese contexto, no solo se frena una reforma estructural, que lejos de plantearse como un proyecto refundacional, buscaba rescatar los aspectos positivos de la actual LGPA e incorporar medidas orientadas directamente a mejorar las condiciones de vida del sector artesanal, sino que vuelve a postergarse la eterna deuda del Estado con las y los actores del rubro pesquero.
El sector pesquero artesanal se encuentra conformado por pescadoras y pescadores artesanales que se dedican a un amplio espectro de actividades, que van desde la recolección de recursos, buceo, actividades de captura y otras actividades conexas vinculadas a la extracción y procesamiento pesquero. Según datos de las instituciones pesqueras, al año 2025, el sector se encontraría compuesto por 108.043 personas, habiendo capturado un total de 1.412.262 toneladas, por encima del sector industrial.
La posición del Ejecutivo de retirar el proyecto, y postergar una vez más la situación de indefensión social en que se encuentra la pesca artesanal, ha generado preocupación entre los principales actores y organizaciones del sector.
Desde la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile manifestaron su rechazo a la decisión del Ejecutivo, señalando que la actual ley ha sido un obstáculo para el desarrollo sostenible de la pesca y ha beneficiado a la industria en desmedro de los pescadores de pequeña escala. Por su parte, desde el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) se ha dicho que el retiro del proyecto le da “respiración artificial” a la actual LGPA con el objetivo de beneficiar y blindar los derechos que la industria adquirió de manera corrupta.
El anuncio del retiro de la iniciativa legal deja abiertas múltiples preguntas: ¿se avanzará en una iniciativa específica para la plataforma social? ¿Se mantendrá el mecanismo de financiamiento propuesto? ¿O se diluirá nuevamente una demanda histórica de la pesca artesanal? En un contexto donde el debate sobre el ordenamiento territorial del mar sigue siendo central, lo que está en juego no es solo una ley, sino la protección de las formas de vida vinculadas al borde costero, la economía local y el reconocimiento efectivo de quienes desarrollan sus actividades en el mar.
