La protección de la infancia exige distinguir entre quienes ejercen efectivamente el rol parental y quienes simplemente conservan derechos formales pese a haber abandonado completamente sus obligaciones.
El debate sobre abandono parental en Chile ha tendido, históricamente, a reducirse a la pensión de alimentos. Sin embargo, una parte importante del problema permanece fuera de la discusión pública y afecta diariamente a miles de niños, niñas y adolescentes (NNA): la desaparición absoluta de uno de los progenitores y las consecuencias legales que ello produce en la vida cotidiana de quienes sí ejercen el cuidado.
El actual proyecto de ley sobre abandono parental busca abordar precisamente esa realidad. No se trata de sancionar a quienes enfrentan dificultades económicas ni de castigar a padres o madres que, pese a incumplimientos parciales, mantienen vínculo con sus hijos. La iniciativa apunta a casos radicalmente distintos, a saber, progenitores que desaparecen durante años, que no mantienen relación directa y regular, que no pueden ser ubicados y respecto de los cuales ni siquiera es posible practicar notificaciones judiciales.
En la práctica, el sistema actual obliga a madres, padres cuidadores y NNA a continuar dependiendo jurídicamente de personas completamente ausentes. La consecuencia es absurda. Para salir del país, para realizar determinados trámites administrativos o incluso para adoptar decisiones relevantes sobre la vida de un hijo, los tribunales exigen autorización de alguien cuyo domicilio se desconoce hace años.
La contradicción es evidente. El derecho exige consentimiento parental incluso cuando el propio progenitor abandonó de manera total sus deberes básicos de cuidado y vinculación.
En tribunales de familia esta situación es frecuente. Existen causas donde el progenitor lleva dos o tres años sin ver al NNA, no comparece a audiencias, incumple procesos de revinculación y mantiene paradero desconocido. Aun así, el procedimiento continúa exigiendo búsquedas, notificaciones y diligencias que prolongan innecesariamente la incertidumbre de los niños y de quien sí ejerce el cuidado efectivo.
El proyecto incorpora criterios objetivos para configurar el abandono parental. Entre ellos, el incumplimiento total de la relación directa y regular durante un año continuo o de manera intermitente por dos años, siempre que no existan acciones judiciales destinadas a recuperar el vínculo o denunciar obstrucciones. También contempla casos donde exista condena por violencia intrafamiliar o delitos sexuales cometidos contra NNA.
Lo relevante es que la iniciativa diferencia adecuadamente entre conflicto parental y abandono real. Cuando existe obstrucción del vínculo, el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos de protección, medidas cautelares y procedimientos de cumplimiento. El abandono parental, en cambio, supone ausencia absoluta e injustificada.
Chile ha avanzado en responsabilidad alimenticia, pero las cifras siguen siendo alarmantes. A febrero de 2025 existían más de 238 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y el 96% corresponde a hombres. Además, más de 329 mil niños y adolescentes aparecen afectados por incumplimientos de esta naturaleza.
Pero incluso esas cifras resultan insuficientes para dimensionar el problema. El abandono no siempre es económico. También existe abandono emocional, y vincular. Hay NNA que crecen esperando visitas que nunca ocurren y familias completas atrapadas en procedimientos imposibles porque el sistema continúa reconociendo derechos parentales a quienes dejaron de ejercer cualquier responsabilidad hace años.
La discusión legislativa debería centrarse precisamente allí. El interés superior del niño no puede transformarse en una fórmula declarativa mientras las decisiones prácticas siguen subordinadas a la voluntad de un progenitor ausente. La protección de la infancia exige distinguir entre quienes ejercen efectivamente el rol parental y quienes simplemente conservan derechos formales pese a haber abandonado completamente sus obligaciones.