¿Resulta viable proyectar un liderazgo tecnológico sólido cuando el Estado abandona erráticamente el apoyo estructural a sus nuevos investigadores e investigadoras y desfinancia sus bases académicas?
La ministra Ximena Lincolao emitió controvertidas declaraciones - Agencia Uno
El actual modelo de gestión científica instaurado por el Ejecutivo exhibe una disonancia estructural ineludible entre su narrativa modernizadora y la evidencia administrativa. La administración estatal, amparada en un discurso de eficiencia fiscal y adopción acelerada de tecnologías, ha generado consecuencias nocivas para el ecosistema de investigación, priorizando el relato mediático sobre la gestión efectiva.
Las promesas de situar al país a la vanguardia mediante la inteligencia artificial contrastan frontalmente con las decisiones presupuestarias, revelando que el Ejecutivo sacrifica el valor de la investigación compleja frente a la urgencia de cuadrar las cuentas fiscales, priorizando el supuesto ahorro inmediato que dicta el Ministerio de Hacienda.
El progresivo desmantelamiento administrativo, sumado a la asfixia financiera de la cartera y a la ligereza de las declaraciones oficiales, ilustra una preocupante suma de decisiones erráticas. En marzo, la ministra de Ciencia suspendió las becas internacionales de magíster y posdoctorado para el próximo año, una señal directa de desinversión en capital humano avanzado.
Posteriormente, el mandatario cuestionó públicamente el financiamiento estatal a la investigación básica, ironizando sobre la inutilidad de estudios de millones que terminan en un libro precioso sin generar empleo inmediato. La inexactitud de la declaración obligó a una pronta rectificación oficial, tras demostrarse fehacientemente que el máximo financiamiento individual otorgado por el Estado alcanza una fracción ínfima de ese monto.
A estas declaraciones inoportunas se suma una fractura institucional de público conocimiento. La renuncia del subsecretario ministerial expuso las pugnas internas y la intención inicial de desvincular a casi un tercio del personal técnico del ministerio, evidenciando graves debilidades de liderazgo directivo. Paralelamente, se ordenó descontinuar once programas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para ahorrar montos fiscales totalmente marginales.
Esta desarticulación progresiva impacta directamente la competitividad de Chile frente a la región. Al mantener la inversión gubernamental en torno al exiguo porcentaje cercano a 0,36 % del producto interno bruto, muy lejos del promedio fijado por la OCDE (2,7 % recomendado), el país hipoteca la capacidad soberana de retener talento y generar crecimiento económico sostenible, cediendo terreno estratégico a economías que sí comprenden la altísima rentabilidad a largo plazo del conocimiento tecnológico.
Los riesgos objetivos de este continuo debilitamiento estructural trascienden los meros indicadores financieros. La necesidad imperativa de una eficiente gestión del Estado frente a, por ejemplo, las contingencias climáticas exigen un rigor científico ineludible que hoy parece postergarse sistemáticamente. Resulta inevitable observar cómo, ante la recurrencia destructiva de eventos extremos y la profunda crisis hídrica, la absoluta prescindencia del conocimiento especializado, reemplazado por la estéril exhibición de herramientas de artillería, conlleva severos costos materiales incalculables.
Herramientas críticas como la necesaria alerta temprana frente a tsunamis, la urgente adaptación biológica de cultivos de exportación a nuevas variables meteorológicas y la protección civil de infraestructuras dependen estrictamente de investigaciones sostenidas en el tiempo. El abrupto retiro gubernamental de cuarenta y tres decretos normativos relacionados directamente con la protección ambiental ilustra una toma de decisiones sumamente reactiva que ignora el análisis preventivo indispensable.
¿Resulta viable proyectar un liderazgo tecnológico sólido cuando el Estado abandona erráticamente el apoyo estructural a sus nuevos investigadores e investigadoras y desfinancia sus bases académicas? El persistente desprecio institucional hacia el conocimiento impreso y la investigación fundamental recuerda de manera inquietante a la distopía descrita por Ray Bradbury en Fahrenheit 451, donde el aparato gubernamental asumía que los libros y el libre pensamiento crítico eran inútiles y peligrosos para el orden establecido.
Hoy no se queman bibliotecas públicas, pero el agobiante oscurantismo burocrático del actual modelo y su utilitarismo extremo amenazan silenciosamente con empujarnos hacia un abismo similar, donde la ansiosa búsqueda de rentabilidad inmediata de algunos, rechazando la rentabilidad social, logre consumar, irremediablemente, la destrucción de nuestro capital intelectual.
