El diseño de políticas públicas no puede ser un privilegio de los actores que ejercen mayor influencia. Deben entregar respuestas a todas las necesidades que se presentan a lo largo de Chile.
La Serena. Calles inundadas por el desborde del Canal Bellavista en el barrio Mirador de Hacienda.
Hernán Contreras/EFEDurante las últimas semanas, diversas regiones del país se han visto afectadas por precipitaciones ocurridas en cortos períodos de tiempo, sobresaturando suelos, provocando remociones en masa e inundaciones que han afectado a miles de familias. Este escenario lluvioso se sabía con antelación, pero el país no fue capaz de responder oportunamente ni prever los daños provocados, muchos de ellos irreparables.
Reiteradamente, Chile está cometiendo tres grandes errores: relativizar o negar el cambio climático; no implementar medidas a partir de los aprendizajes; y estancar la modernización de la política pública.
Muchas autoridades y legisladores/as conciben la lucha contra el cambio climático como un mero cumplimiento de indicadores anuales en cuentas públicas e informes. Sin embargo, no existe claridad respecto de si lo que se está haciendo está funcionando, si está escalando y si se está transformando en acciones efectivas para la mitigación y adaptación a largo plazo. El éxito de estas medidas debería evaluarse en función de si estamos reduciendo los riesgos climáticos.
El negacionismo no tiene que ver con ignorancia; es intencionado. Con toda la evidencia científica disponible y con acuerdos internacionales vigentes, es difícil sostener un cuestionamiento serio a la existencia del cambio climático. Negarlo obedece más bien a una acción política y a un mecanismo de defensa de modelos productivos que no están dispuestos a innovar, asumir mayores compromisos ambientales, ni trabajar por los territorios que generan riqueza para los inversores.
La economía no está exenta del cambio climático. Los costos monetarios de los desastres naturales asociados al clima en el país entre 1970 y 2024 alcanzaron los USD 10.947 millones¹. Solo con las inundaciones de 2023, el Ministerio de Hacienda señaló que el costo fiscal llegó a USD 536 millones.
En 2015 hubo inundaciones en Chañaral; en 2023, inundaciones que afectaron a varias ciudades del centro-sur de Chile; y en 2026 estamos nuevamente en presencia de eventos climáticos extremos en las regiones de Atacama, Coquimbo y Los Ríos. La ciencia nos ha dejado señales.
El Informe País de la Universidad de Chile (2023)² detalla que en la macrorregión central se han registrado 334 eventos de remoción en masa hasta 2022 (80% atribuible a deslizamientos), que en la macrorregión sur las inundaciones del siglo XXI han superado en un 131% las del siglo XX, destacando la Región del Biobío, donde los eventos de inundación se han cuadruplicado en comparación con el siglo anterior; y que, en la macrorregión austral, las intensas precipitaciones de 2012 aumentaron el caudal del río Las Minas, en Magallanes, provocando inundaciones que afectaron a 800 familias, mientras que en 2017 un aluvión en Villa Santa Lucía arrasó con todo a su paso, llevándose vidas, destruyendo infraestructura y parte de la Carretera Austral.
El mismo informe indica que existe una alta probabilidad de que las amenazas hidrometeorológicas en la macrorregión norte sigan ocurriendo durante el siglo XXI.
Considerando los informes, planes y estrategias que se elaboran después de estos eventos, cabe preguntarse: ¿se han tomado en cuenta las recomendaciones?, ¿existe seguimiento de las medidas que se han implementado?, ¿se garantiza que las autoridades avancen en su cumplimiento o solo se responde a la agenda política de turno?
Las políticas públicas siguen siendo insuficientes para proteger al país frente a escenarios de riesgo climático. Con demasiada frecuencia, las autoridades han privilegiado la aceleración de inversiones y el crecimiento macroeconómico por sobre una planificación territorial armónica, prudente y capaz de reconocer que habitamos paisajes que cumplen funciones estratégicas para la vida, el ciclo del agua, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades.
Esta orientación resulta especialmente preocupante cuando iniciativas como la Ley de Permisología o la Ley de Reconstrucción Nacional refuerzan la influencia de actores económicos de mayor poder, mientras los costos del cambio climático, la degradación del paisaje y la falta de planificación territorial recaen con mayor fuerza sobre las comunidades más vulnerables. Mientras algunos insisten en construir sobre humedales y dunas, deforestar, desvegetar e intervenir cuencas hidrográficas para proyectos de gran escala, las comunidades locales se organizan para proteger el bien común.
Las organizaciones que integran la red del Observatorio Ciudadano de los Bosques y las Políticas Forestales —Bosquentrama— son ejemplo de ello: mediante monitoreo comunitario, manejo de ecosistemas, fiscalización, denuncias y acción territorial, visibilizan amenazas y sostienen buenas prácticas con esfuerzo y autogestión. Pero esa responsabilidad no puede seguir descansando solo en quienes sufren las consecuencias de malas decisiones públicas y privadas.
El diseño de políticas públicas no puede ser un privilegio de los actores que ejercen mayor influencia. Deben entregar respuestas a todas las necesidades que se presentan a lo largo de Chile, incorporando la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, sus conocimientos territoriales y sus formas de gobernanza local.
Ese saber es información estratégica para reducir riesgos climáticos, fortalecer la planificación territorial y resguardar el bienestar social y ecológico. Seguir ignorando esto no es solo un error técnico: es una decisión política que el país ya no puede seguir pagando.
¹ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2024b). Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024. ¿Por qué nos cuesta cambiar?: conducir los cambios para un Desarrollo Humano Sostenible. Santiago de Chile.
² Universidad de Chile (2023). Informe País: Estado del medio ambiente y del patrimonio natural 2022.
