Lo ocurrido en Curanilahue no es simplemente otro episodio policial. Es la confirmación brutal de una degradación institucional que hace años dejó de ser una anomalía aislada para transformarse en un patrón recurrente dentro de ciertos sectores de Carabineros. Cuando funcionarios activos pasan de perseguir delincuentes a convertirse en parte orgánica de una estructura criminal, el problema deja de ser “corrupción individual” y comienza a parecerse peligrosamente a una mutación institucional.
La llamada Banda del Moto —liderada por Diego González, alias “el Moto”— no solo sembró violencia armada en Curanilahue durante al menos dos años. Lo verdaderamente escandaloso es que lo hizo con protección de Carabineros. De acuerdo a BioBioChile, los ahora exfuncionarios Daniel Peralta Valenzuela, Juan Neira Rivera y Michael Leal Martínez no aparecen en esta historia como simples espectadores pasivos ni como policías “tentados” por el dinero fácil.
Según la investigación desarrollada por la Sección de Asuntos Internos (Siacar), el OS9 y la Fiscalía de Arauco, actuaban como un verdadero aparato de inteligencia criminal al servicio de la banda. Pasaron el 14 de mayo a control de detención en el juzgado de Garantía de Curanilahue. En prisión preventiva quedaron dos de los tres funcionarios. El tercer uniformado involucrado, dado de baja por omisión de denuncia, quedó con arresto domiciliario total, firma quincenal ante Carabineros y con arraigo nacional.
Los hechos son concretos y obscenos: manipularon evidencia balística en sitios del suceso, ocultaron casquillos, los rasparon contra el suelo para borrar estrías y eliminar rastros que permitieran identificar armas utilizadas en ataques armados. Es decir, sabotearon deliberadamente investigaciones policiales para proteger a narcotraficantes y pistoleros. La escena es propia de un narcoestado periférico… Policías destruyendo pruebas mientras la población escucha ráfagas de disparos entre bandas rivales en poblaciones vulnerables.
Lo más grave quizás no sea el delito mismo, sino la lógica que revela. Estos funcionarios no operaban como mercenarios externos ni como “colaboradores ocasionales”. Según la indagatoria, conocían el movimiento de droga, alertaban sobre operativos y entregaban información privilegiada obtenida gracias a su cargo. Eran parte estructural de la orgánica delictual. En términos prácticos, la Banda del Moto tenía infiltrada la institución encargada de combatirla.
Aquí es donde el análisis deja de ser policial y se vuelve político. El filósofo Giorgio Agamben advertía que las instituciones modernas pueden entrar en zonas grises donde quienes monopolizan la fuerza suspenden, en la práctica, el sentido mismo de la ley. Eso parece haber ocurrido en Curanilahue, el poder coercitivo del Estado terminó funcionando para garantizar impunidad criminal. La frontera entre autoridad y delincuencia comenzó a desdibujarse.
Resulta imposible no pensar también en las reflexiones de Pierre Bourdieu sobre cómo ciertas instituciones terminan desarrollando mecanismos internos de reproducción y protección corporativa que naturalizan prácticas abusivas o desviadas. Cuando la obediencia interna pesa más que la ética pública, el cuerpo institucional empieza a protegerse a sí mismo antes que a la sociedad. El tercer funcionario detenido —que supo de los hechos y no denunció— representa precisamente esa cultura del silencio corporativo que históricamente ha perseguido a Carabineros, es decir, la lealtad entendida como encubrimiento.
Carabineros de Curanilahue, además, arrastra un historial inquietante. En 2022 desaparecieron 55 municiones calibre 9 milímetros desde la Cuarta Comisaría. En 2023 cayó un funcionario activo y un exjefe de la SIP por vínculos con integrantes de la Resistencia Mapuche Lavkenche. Ahora aparecen carabineros operando directamente dentro de una banda narcocriminal. El problema ya no parece episódico; empieza a configurarse como un ecosistema de corrupción enquistada.
El filósofo Slavoj Zizek ha insistido en que muchas instituciones contemporáneas no colapsan por ausencia de reglas, sino porque terminan funcionando mediante una doble moral donde lo ilegal se vuelve tolerado mientras preserve la estabilidad interna del sistema. Esa lógica aparece una y otra vez en Carabineros: fraudes millonarios, montajes, corrupción interna, desaparición de armamento, manipulación de pruebas y ahora protección operativa al narcotráfico.
Ahí emerge la pregunta que el poder político evita enfrentar, ¿cuánto daño institucional puede resistir Carabineros antes de perder definitivamente legitimidad social en ciertos territorios? Porque en comunas golpeadas por el narcotráfico, la pobreza y la violencia estructural, descubrir que policías activos trabajaban para una banda armada destruye el último residuo de confianza pública. El ciudadano deja de saber si quien patrulla la calle está persiguiendo delincuentes o administrando el territorio para ellos.
La caída de tres funcionarios devela una herida mucho más profunda: El contexto institucional que permitió que una banda armada operara durante años con apoyo policial.
Finalmente, cuando policías destruyen evidencia para narcotraficantes, el uniforme deja de representar autoridad y comienza a parecerse peligrosamente a una licencia para administrar impunidad.
