Tribunal concluyó que el disparo se realizó directo al rostro y a menos de 10 metros, incumpliendo protocolos internos de Carabineros.
Carabineros / Agencia Uno
Una persona perdió más del 50% de la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de perdigón de Carabineros en Plaza Baquedano durante el estallido social. Ahora, el 7° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar más de $33 millones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el hecho ocurrió la tarde del 24 de octubre de 2019, cuando el afectado, entonces de 27 años, salió de su trabajo en Providencia y caminó hacia las inmediaciones de Plaza Baquedano.
Según estableció el tribunal, mientras observaba las manifestaciones frente al Teatro de la Universidad de Chile, un funcionario de Carabineros le apuntó directamente al rostro y disparó una escopeta antidisturbios a una distancia estimada entre cinco y diez metros.
El impacto provocó un trauma ocular severo, laceraciones y la pérdida parcial e irreversible de la visión del ojo izquierdo. La víctima fue trasladada primero a un puesto de la Cruz Roja y luego a distintos centros médicos, donde debió someterse a cirugías complejas y tratamientos posteriores.
El fallo indica que perdió el cristalino, parte del iris y el vítreo del ojo, además de enfrentar riesgo permanente de glaucoma y pérdida total de la visión.
El juez Felipe Agurto Martínez concluyó que Carabineros incumplió sus propios protocolos de uso de la fuerza.
La sentencia cita un informe de LABOCAR de 2012 que advertía que disparar perdigones a menos de 30 metros o hacia la parte superior del cuerpo podía provocar estallidos oculares y lesiones letales. Pese a ello, el tribunal determinó que el disparo se realizó justamente en esas condiciones.
“Existe, en consecuencia, un reproche directo hacia el Fisco de Chile, toda vez que este conoció el riesgo de estallido ocular”, sostuvo la resolución.
El fallo añadió que hubo “una negligencia palmaria y una falta de servicio inexcusable” por no adoptar las medidas de seguridad que la propia institución había documentado años antes.
El Fisco intentó defenderse argumentando que el contexto de violencia del estallido social justificaba el actuar policial y que la víctima se expuso al riesgo al permanecer en el sector.
Sin embargo, el tribunal descartó esos argumentos y señaló que no existían antecedentes que acreditaran participación del afectado en actos violentos.
Finalmente, el tribunal condenó al Estado a pagar $3.902.966 por daño emergente y $30 millones por daño moral. También rechazó la solicitud de disculpas públicas presentada por la parte demandante.
