¿Qué más necesita ver el Estado de Chile para actuar? ¿Cuántas cifras más? ¿Cuántas advertencias desde las organizaciones sociales? El problema está identificado, las estrategias también, lo que falta es voluntad política.
En Chile, se ha producido un aumento de un 86% de personas viviendo con VIH en la última década, según el Informe estimaciones poblacionales sobre el virus de la inmunodeficiencia humana en Chile 2024 del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.
Esta cifra vuelve a poner sobre la mesa una discusión que las organizaciones sociales hemos impulsado desde hace años, el VIH sigue siendo un problema de salud pública que no está recibiendo la respuesta estructural y estatal que requiere.
A continuación, se exponen los principales nudos críticos que explican este escenario y las áreas donde el Estado debe actuar con urgencia.
La prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) comienza con la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), en Chile no existe una Política o Ley que aborde la EIS, solamente un articulado que detalla la entrega de contenidos sobre métodos anticonceptivos desde un foco biologicista, ignorando el resto de los contenidos, herramientas y habilidades que debieran ser enseñados para una vivencia plena de la sexualidad en su concepto amplio. Esta brecha ha permitido que continúen circulando mitos peligrosos, como creer que en una relación exclusiva no es necesario el uso de barreras o el testeo rutinario, que el uso del condón afecta significativamente el placer, entre otras. La desinformación sigue siendo un factor de riesgo.
Además, persisten barreras en el acceso a información e insumos de prevención como testeo, el preservativo, la PEP y la PrEP. En este punto toma relevancia también contar con profesionales de salud capaces de entregar información y educación con Enfoque de Género y Derechos Humanos a las personas, sin prejuicios y en forma empática, lo que permita la adopción de medidas para el autocuidado.
El diagnóstico oportuno es clave para reducir los casos de VIH y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH y no conocen su estado serológico. Sin embargo, el acceso a test rápidos y estrategias de detección temprana sigue siendo limitadas o solo dirigidas a grupos poblacionales específicos. En este punto también es relevante indicar que las campañas preventivas han sido limitadas, poco efectivas y centradas en públicos acotados.
Recibir un diagnóstico no es el final del proceso, sino el inicio de uno que requiere acompañamiento constante. Hoy, muchas personas que viven con VIH enfrentan dificultades para mantenerse vinculadas a los programas de salud que el Estado garantiza. La falta de seguimiento, comunicación y apoyo desde las instituciones debilita la adherencia y afecta directamente los resultados en su salud.
El VIH sigue estando rodeado de estigmas que también se reflejan en las políticas públicas. Con frecuencia, las estrategias se enfocan en poblaciones clave dejando fuera a muchas otras personas. Pero el VIH no discrimina por edad, género, orientación sexual, identidad o prácticas sexuales. Toma relevancia desarrollar estrategias que respondan al perfil epidemiológico actual del VIH, el que se ha modificado a lo largo de los años.
Los posibles ajustes presupuestarios en el Ministerio de Salud son una señal preocupante, estos podrían sumarse a las restricciones internacionales a los fondos específicos para VIH. Debilitar el financiamiento en salud pública impacta directamente en la prevención, detección, tratamiento y acompañamiento. Sin recursos suficientes, cualquier estrategia pierde efectividad.
Frente a este escenario, la pregunta es evidente, ¿qué más necesita ver el Estado de Chile para actuar? ¿Cuántas cifras más? ¿Cuántas advertencias desde las organizaciones sociales? El problema está identificado, las estrategias también, lo que falta es voluntad política.
