Los grandes parques urbanos no sólo hablan de la calidad de una ciudad. También revelan sus valores, sus prioridades y, en última instancia, la profundidad de su democracia.
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La historia de los parques urbanos muestra que el acceso a la naturaleza ha sido, ante todo, una conquista democrática.
Parque Metropolitano Sur Cerros de Chena / Crédito: Wikipedia.org
Los grandes parques urbanos no sólo hablan de la calidad de una ciudad. También revelan sus valores, sus prioridades y, en última instancia, la profundidad de su democracia.
Durante la Edad Media, entre los siglos V y XV, los parques estaban lejos de ser espacios públicos. Eran extensiones de castillos, monasterios y dominios aristocráticos. Bosques, huertos medicinales, jardines geométricos y cotos de caza servían a la recreación, el prestigio y la seguridad de una minoría privilegiada. La naturaleza era un símbolo de poder y exclusión.
Con el Renacimiento, entre los siglos XV y XVII, los parques experimentaron una revolución estética. Inspirados en la filosofía clásica y la racionalidad humana, los grandes jardines italianos, franceses e ingleses expresaban la idea de una naturaleza ordenada y domesticada. Sin embargo, seguían siendo patrimonio de las élites. Eran monumentos al poder económico y político de las grandes familias y dinastías europeas.
La verdadera transformación llegó recién en el siglo XIX. En 1847 se inauguró el Birkenhead Park, en Liverpool, considerado el primer parque público financiado con recursos estatales y diseñado para el disfrute de toda la ciudadanía. Su creación respondió a un intenso debate sobre las condiciones de vida de la población obrera durante la Revolución Industrial.
Poco después, en 1857, Nueva York convocó el primer concurso público de paisajismo de Estados Unidos para diseñar Central Park. El proyecto ganador, elaborado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, entendía el parque como una infraestructura social, capaz de mejorar la salud física y mental de las personas. Olmsted lo resumió magistralmente: “ Un parque es una obra de arte diseñada para producir ciertos efectos en la mente humana”.
No es casualidad que desde entonces los parques urbanos hayan sido asociados a bienestar, integración y calidad de vida. Su aparición marca el momento en que las ciudades comenzaron a reconocer que el acceso a la naturaleza no debía ser un privilegio, sino un derecho.
Chile ocupa un lugar destacado en esta historia. El Parque Quinta Normal de Agricultura, fundado en 1841 por iniciativa de Claudio Gay, es considerado el primer gran parque público urbano de América Latina. Aunque nació ligado a la investigación científica y agrícola, fue concebido deliberadamente como un espacio de paseo, cultura y encuentro abierto a toda la comunidad. Décadas más tarde, entre 1872 y 1874, Benjamín Vicuña Mackenna transformó el cerro Santa Lucía en un parque urbano accesible para la ciudadanía, ícono de la prestigiosa ciudad de Santiago.
La visión continuó con Alberto Mackenna Subercaseaux, impulsor de la recuperación del cerro San Cristóbal. En aquella época pronunció una frase que el tiempo convertiría en profética: el lugar sería “ una fuente inagotable de salud y un venero de riqueza para nuestra capital”. Hoy, ese parque constituye uno de los sistemas de áreas verdes urbanas más extensos de América Latina, y una red de parque de alto estándar administrada por el Parque Metropolitano de Santiago, también conocido como Parquemet.
La relación entre parques y democracia también puede observarse desde la vereda opuesta. Durante los años de dictadura, la creación de grandes parques urbanos fue escasa. Probablemente el proyecto más relevante del período de dictadura fue el Parque Araucano, construido en terrenos del antiguo Fundo San Luis, donde originalmente la Unidad Popular había proyectado un importante conjunto de viviendas sociales.
Con el retorno a la democracia, en cambio, se produjo una expansión sin precedentes de áreas verdes de calidad en sectores históricamente postergados. Sólo en 1993 se inauguraron tres parques emblemáticos: Lo Varas en Renca, Santa Mónica en Recoleta y La Bandera en San Ramón. Este último en el mismo lugar donde, durante la visita de Juan Pablo II en 1987, una multitud enfrentó la represión militar.
En los años siguientes surgieron parques como Violeta Parra en Lo Espejo, André Jarlán en Pedro Aguirre Cerda, Mahuidahue en Recoleta y Bernardo Leighton en Estación Central, entre muchos otros. No se trataba únicamente de plantar árboles o construir senderos. Era una forma concreta de redistribuir calidad de vida, salud, recreación y dignidad urbana.
Para asegurar su conservación, el Estado fortaleció el rol del Parquemet, encargado de administrar y resguardar estos espacios. Uno de los proyectos más emblemáticos fue el Parque Metropolitano Sur Cerros de Chena, incorporado a Parquemet en 2004 y posteriormente sometido a un proceso de ampliación y remodelación mediante concurso público liderado desde el año 2014 por el entonces Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Entre los criterios que pesaron para elegir al Chena, en palabras de Iván Poduje, uno de los miembros del jurado, estuvieron precisamente la falta de áreas verdes de la zona sur y su potencial para transformarse en un pulmón verde para toda la ciudad.
Por ello, la controversia actual sobre el destino y la administración de los Cerros de Chena trasciende una diferencia entre autoridades, municipios o servicios públicos. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo: quién tiene derecho a acceder a infraestructura verde de calidad y bajo qué criterios se toman las decisiones sobre bienes que pertenecen a todos.
Los parques urbanos son espacios donde se encuentran personas de distintos barrios, edades, ingresos y trayectorias. Son lugares donde la ciudad se reconoce como comunidad. Cuando una sociedad invierte en ellos, especialmente en los territorios más vulnerables, está fortaleciendo la igualdad, la cohesión social y la confianza en las instituciones. En otras palabras, está fortaleciendo la democracia.
Porque la democracia no sólo se expresa en las urnas. También se manifiesta en la capacidad del Estado de garantizar espacios públicos que mejoren la vida de las personas. Cada parque público bien cuidado es una señal de inclusión. Cada área verde abierta a todos es una declaración de igualdad. Y cada retroceso en esa convicción representa una derrota para la ciudad democrática que Chile ha intentado construir durante décadas.
La defensa de los Cerros de Chena, por tanto, no es únicamente una causa ambiental o urbana. Es una causa democrática. Porque allí donde la naturaleza es protegida y se vuelve un derecho compartido, la democracia echa raíces. Y cuando esos derechos se debilitan, también se debilita el pacto social que sostiene la vida en común.
