Un informe de la USACH revela que el MINVU de Iván Poduje impulsa cambios estructurales de facto que traspasan los riesgos estatales a las familias.
En solo cuatro meses, una reforma "reforma soterrada" se estaría implementando en materia de vivienda social en Chile, sin una discusión parlamentaria previa ni una plataforma de difusión pública unificada, desde la llegada del ministro Iván Poduje al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Así lo revela el reciente informe desarrollado por el Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura (CISEC-USACH) junto al Observatorio de Políticas Públicas de la misma casa de estudios, que examina la gestión del ministro Poduje, entre el 11 de marzo y el 12 de julio de 2026.
El documento sostiene que la cartera, en vez de presentar una ley que unifique un paquete de medidas para solucionar las crisis habitacional, ha optado por implementar lo que los autores denominan como una "reforma soterrada". Es decir, cambios por separado en los reglamentos internos, programas piloto y anuncios sectoriales, que en su conjunto representan modificaciones estructurales.
Si bien este mecanismo es legal, el principal problema detectado por el estudio es que este sistema dificulta el proceso de evaluación de estos cambios estructurales —que parecieran ser mejors ajustes operativos—. Por lo tanto, la ciudadanía no podría debatir si este nuevo sistema es mejor o peor para la gente.
Uno de los resultados arrojados por el estudio es que la nueva "reforma soterrada" del ministro Poduje traspasa la responsabilidad del Estado —en caso de que una vivienda tuviera problemas en su construcción— a los mismos beneficiarios.
Lo anterior, debido a que desde el Minvu han implementado mecanismos para otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios antes de concluirse materialmente las obras, delegando la responsabilidad en las municipalidades y constructoras privadas, al dejar que las personas construyan su propio hogar.
Sin embargo, el estudio también reconoce que los cambios hechos por el ministro Poduje se insertan en un contexto de crisis habitacional, que registra un déficit cuantitativo de 500 mil hogares.
Un primer bloque refiere a la "reforma" al Suelo Urbano. Como el Estado debía comprar terrenos a precio de mercado, una forma para abaratar costos fue traspasar suelos del Ministerio de Bienes Nacionales al Minvu. En esa línea, también se incluyen "Banco de Suelo" que junta todo el terreno disponible del Estado para usarlo en proyectos de vivienda.
Se suma el programa "Eriazo Cero", que aprovecha los terrenos baldíos y abandonados de las ciudades, y la compra de terrenos rurales antes de que suban de precio, para transformarlos en sectores urbanos más adelante. Asimismo, están acelerando los trámites para que un terreno pase de "no apto" a "apto para construir" mucho más rápido.
El segundo bloque refiere a la Operación Sitio 2.0, que busca entregar 100.000 terrenos individuales, ya subdivididos y con urbanización básica, para que después las familias accedan a un subsidio de construcción (vivienda industrializada o autoconstrucción). Es decir, lo que ya venía junto —terreno, urbanización y vivienda— es separado en etapas distintas y en el tiempo.
Un tercer eje se centra en la Vivienda Industrializada. Esta consiste en fabricar gran parte de la casa en una planta —como paneles o módulos ya armados— para luego trasladarla y montarla en el terreno, en vez de construirla completa in situ.
La ventaja es la velocidad ya que se puede fabricar en 3 a 6 meses mientras se prepara el terreno en paralelo. Pero el informe advierte un riesgo clave: si estas viviendas tienen subsidio, ya no pasan por la inspección municipal tradicional, y un error de diseño no afectaría una sola casa, sino que podría repetirse en miles de viviendas idénticas construidas con el mismo modelo.
Un cuarto eje refiere a la facilitación regulatoria, que consiste en simplificar trámites de zonificación, evaluación ambiental, patrimonio, bosque nativo, además de sustituir controles previos por declaraciones juradas, para facilitar las construcciones.
Sin embargo, este mecanismo se traduce en menos fiscalización y en caso de errores en infraestructura o problemas ambientales, estos se descubrirán tarde o cuando el proyecto este avanzado.
Un quinto punto aborda el anuncio del subsidio habitacional de 4.000 UF, los 70,000 cupos FOGAES y el Hipotecario PRO de BancoEstado, destinados a la clase media. El estudio advierte que de no aumentar la cantidad de oferta de viviendas, estas podrían encarecerse aún más ante el incremento de la demandas gracias a los beneficios estatales.
Finalmente, el último bloque se refiere a la reorganización de institucional que respecta a los Serviu y municipios, que asumen como Entidades Patrocinantes (EP) —rol que asumían terceros—, al mismo tiempo que pierden autonomía financiera. El estudio advierte de una pérdida de fiscalización al no contar con un externo que controle si el Estado lo está haciendo bien o no.
