La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó a la Municipalidad de Freire resolver la solicitud de un comerciante ambulante mediante un acto fundado.
Un comerciante ambulante trabajó durante años con permisos municipales para vender en el peaje Quepe, en Freire, pero cuando solicitó renovar su autorización nunca recibió una respuesta formal. La Corte de Apelaciones de Temuco concluyó que esa omisión fue ilegal y ordenó al municipio resolver su petición mediante un acto administrativo fundado.
Según los antecedentes del caso, el comerciante ejercía la actividad desde 2020 con permisos otorgados y renovados por la Municipalidad de Freire. Además, había pagado los derechos municipales y obtenido las autorizaciones sanitarias necesarias para desarrollar su trabajo en el sector.
Sin embargo, al solicitar una nueva renovación, la situación cambió. De acuerdo con el recurso, el municipio dejó de responder formalmente su solicitud, pero al mismo tiempo comenzó a realizar fiscalizaciones y decomisos de mercadería, argumentando que el comerciante ya no contaba con un permiso vigente para funcionar.
La Municipalidad de Freire sostuvo ante la Corte que el solicitante no acompañó todos los antecedentes requeridos para tramitar la autorización y recordó que los permisos para ocupar bienes nacionales de uso público tienen carácter precario, por lo que pueden modificarse o dejarse sin efecto.
También reconoció que todavía no existía una resolución definitiva sobre la petición presentada.
Al analizar el caso, la Corte de Apelaciones de Temuco estableció que ambas partes coincidían en que el comerciante había trabajado durante años con autorizaciones municipales y que la solicitud de renovación seguía sin una respuesta formal.
El fallo, redactado por el ministro Alberto Amiot Rodríguez, sostuvo que la legislación obliga a los órganos de la Administración a concluir este tipo de procedimientos mediante una decisión fundada y notificada al interesado.
En ese sentido, indicó que "la falta de resolución expresa constituye una omisión ilegal que perturba el legítimo ejercicio de la libertad económica" del recurrente.
No obstante, el tribunal precisó que el comerciante no tiene un derecho adquirido a obtener un nuevo permiso y que corresponde a la Municipalidad decidir si lo concede o no, especialmente considerando las normas sobre seguridad vial y el uso de la Ruta 5 Sur. Por ello, aclaró que la Corte no puede reemplazar esa decisión administrativa.
Finalmente, la Corte de Apelaciones acogió parcialmente el recurso de protección y ordenó a la Municipalidad de Freire dictar y notificar, dentro de 20 días hábiles desde que el fallo quede firme, una resolución fundada que resuelva expresamente la solicitud del comerciante. En cambio, rechazó la petición de impedir futuras fiscalizaciones por parte del municipio y de Carabineros.
