Desde distintos sectores cuestionan eventual designación de la exministra en una agregaduría en Perú mientras sigue pendiente una resolución de Contraloría.
Trinidas Steinert podría volver al gobierno - Agencia Uno
La posibilidad de que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, regrese al Gobierno en un cargo diplomático abrió una nueva controversia política. La opción, confirmada como una alternativa en estudio por el canciller Francisco Pérez Mackenna, generó cuestionamientos tanto desde el oficialismo como desde la oposición, debido al proceso aún abierto ante la Contraloría General de la República.
Las críticas apuntan principalmente a la oportunidad del eventual nombramiento, considerando que el órgano contralor todavía debe resolver la solicitud presentada por la propia exsecretaria de Estado para revisar el dictamen que concluyó que excedió sus atribuciones al requerir información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI).
El debate surgió luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmara que el Ejecutivo estudia la posibilidad de designar a Steinert en una agregaduría vinculada a materias de seguridad en la Embajada de Chile en Perú. Sin embargo, precisó que no existe una decisión adoptada y que la alternativa continúa bajo evaluación.
Desde partidos oficialistas surgieron llamados a actuar con cautela mientras la Contraloría no emita un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud de reconsideración presentada por la exministra.
Diversos parlamentarios sostuvieron que avanzar con un nombramiento en estas circunstancias podría enviar una señal política equivocada y afectar la credibilidad institucional. Entre ellos, la diputada Ximena Ossandón (RN) afirmó que "en este minuto no sería prudente" avanzar con la designación y planteó que corresponde esperar el desenlace del proceso administrativo.
La discusión ocurre pocos días después del dictamen emitido por la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, que concluyó que Trinidad Steinert actuó fuera del marco de sus atribuciones cuando, siendo ministra de Seguridad Pública, solicitó antecedentes reservados sobre funcionarios de la PDI con quienes había trabajado previamente como fiscal regional.
El organismo determinó que parte del requerimiento excedía las facultades legales del cargo y además estimó que la entonces ministra debía observar su deber de abstención por su vínculo previo con la investigación correspondiente.
Tras ese pronunciamiento, Steinert presentó una solicitud para que el organismo reconsidere el dictamen, procedimiento que aún permanece pendiente de resolución. Según informó Emol, la respuesta de la Contraloría se prepara para antes del término de julio.
Diputados del Partido de la Gente (PDG) cuestionaron la posibilidad de utilizar cargos diplomáticos para reubicar a exautoridades que dejaron el gabinete, calificando la señal como un eventual "premio de consuelo", mientras otros parlamentarios advirtieron que una designación antes del pronunciamiento definitivo de Contraloría podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
En la misma línea, distintas voces políticas plantearon que el Gobierno debiera privilegiar el cierre del proceso administrativo antes de considerar cualquier incorporación de Steinert al servicio exterior.
Pese a las críticas, desde Cancillería recalcaron que la eventual agregaduría corresponde únicamente a una alternativa en estudio y que no se ha formalizado ningún nombramiento.
El canciller Francisco Pérez Mackenna reiteró que el tema continúa siendo evaluado por el Ejecutivo y que, por ahora, no existe una resolución definitiva respecto del futuro de Trinidad Steinert en el servicio exterior.
