La oposición anunció que perseguirá responsabilidades tras el dictamen de Contraloría que confirmó infracciones de la exministra Trinidad Steinert.
Exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Créditos: Agencia Uno.
Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) confirmara infracciones graves cometidas por la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en el marco del oficio reservado N° 28 enviado al director general de la PDI, en marzo pasado, las reacciones en la esfera política no se hicieron esperar.
Se habría vulnerado el principio de juridicidad, consagrado en nuestra Constitución Política de la República e infringido el principio de legalidad y responsabilidad, cuya sanción es la nulidad de derecho público.
El diputado Raúl Leiva (PS), quien presentó el requerimiento al organismo fiscalizador, valoró la resolución de la CGR, calificó los hechos como "gravísimos" y recalcó que la exministra "actuó fuera del marco legal y vulneró el principio de abstención al involucrarse en una causa que ella misma dirigió como fiscal. Esto no es un tecnicismo, es una infracción grave al Estado de derecho”.
En esa línea, sostuvo que Steinert puso en riesgo "su identidad" lo que afectó a "una investigación penal en curso", luego de que solicitara la individualización de funcionarios de la PDI que formaban parte de la indagatoria del caso Clan Chen.
En consecuencia, "la propia Contraloría señala que estos requerimientos exceden las atribuciones de un ministro de Seguridad y que debió abstenerse por su evidente conflicto de interés”.
A su juicio, el caso representan no un "error menor", más bien una "desviación de poder". Finalmente, anunció en nombre de la bancada del Partido Socialista que perseguirán "todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega”.
La exministra generó polémico luego de enviar un oficio reservado al jefe de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando una lista con los nombres completos, RUT, grados y cargos de detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá, en el marco de la investigación del "Clan Chen".
Asimismo, la exsecretaria de Estado pidió información de funcionarios que habían sido apartados y de quienes mantenían sumarios interno.
Esta solicitud fue hecha el 13 de marzo, 48 horas después de haber asumido como jefa de la cartera de Seguridad, hecho que desató la molestia de la oposición, quienes cuestionaron las "prioridades" del ministerio.
Ante los hechos descritos, la CGR aclara que “se debe tener presente que los requerimientos de información se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia ex Secretaria de Estado en su anterior desempeño, lo que se debe considerar al tenor del deber legal de abstención que, respecto de su cargo público previo, aquella debía observar".
En otras palabras. debió abstenerse de intervenir en asuntos con los que ya tenía un vinculo previo —dirigió dicha investigación antes de asumir como ministra—, a modo de evitar conflicto de interés.
En conclusión, “la actuación de la ex Ministra Steinert excede la facultad general de requerir informes conferida por el artículo 6° letra l) de la aludida ley, en cuanto dichos informes planificación de sus funciones y atribuciones, debiendo observarse, además, que la propia norma establece que ni aun de manera reservada o secreta pueda usarse tal facultad, cuando afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso.
La diputada Constanza Schonhaut (FA) acusó al gobierno por los "70 días perdidos en seguridad pública con una ministra que no sólo no sabía que debía presentar un plan, tampoco sabía sobre sus facultades y prohibiciones".
A su vez, cuestionó al presidente Kast por la falta de autocrítica, a su juicio: "Pero para el presidente Kast su salida fue solo por presión política ¿Ninguna autocrítica? ¿Cuando supo de esta ilegalidad? ¿Es la verdadera razón de su salida? Sr. presidente asuma su responsabilidad".
En la misma línea, el diputado Luis Cuello (PC) emplazó al mandatario a transparentar si "estaba en conocimiento o no de los actos ilegales que se le imputan a la exministra". A su vez, respaldó la creación de una Comisión Investigadora.
Por su parte, el senador Iván Flores (DC) reiteró que "la Contraloría ratifica lo mismo que nosotros advertimos desde el principio, desde el momento mismo en que la ministra Steinert asumió y comenzó a fallar. (...) nosotros veníamos advirtiendo que un ministerio tan importante como el de Seguridad estaba siendo conducido por una persona que no sabía".