La seguridad de la contralora, según Informe Especial, es considerado inédito en comparación con el que tienen figuras, incluso, del Poder Judicial. En ese sentido, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, no cuenta con un automóvil de estas características.
Contralora Dorothy Pérez Créditos: Agencia Uno
Dorothy Pérez, la máxima autoridad de la Contraloría, contrató mediante trato directo el blindaje para su vehículo institucional por un monto cercano a los $28 millones. En la justificación formal -adjunta en la plataforma de Mercado Público-, se sostiene que la determinación se basó en que el perfil de la contralora así lo requiere.
Bajo ese marco, según dio a conocer Informe Especial, lo anterior se ampararía en la función de fiscalización de los recursos públicos que desempeña y en el "impacto e influencia que los productos emanados de la institución ejercen en la opinión pública y en el funcionamiento de la Administración del Estado".
Asimismo, el documento citado detalla que se reconocen "situaciones de riesgo a las que pueden verse expuestas sus autoridades (...) debido al reconocimiento y exposición a nivel nacional e internacional". El proceso habría comenzado a gestarse en 2025, a través del departamento, cuya una de sus funciones, es la gestión vehicular de la institución a nivel nacional.
Desde Contraloría respondieron a Informe Especial que la adquisición del servicio de blindaje "surgió luego de la recepción de diversas comunicaciones consideradas de mayor riesgo". La misma entidad agregó que la decisión tomó en cuenta un informe realizado por el Ministerio Público donde se ordenaba incluso una "mejora de las dependencias".
Así las cosas, la Contraloría optó por la empresa Raptor SpA para efectuar los servicios de protección. La firma cuenta con una amplia trayectoria en instituciones del orden y seguridad. El órgano contralor sostuvo que optar por la vía del Trato Directo se debió a que dentro de los Convenios Marco de Mercado Público no existían proveedores similares.
En la misma línea, agregaron que la empresa fue evaluada como un "proveedor hábil para contratar con el Estado" y con "experiencia acreditable en el servicio requerido". Sobre los trabajos realizados al vehículo de Dorothy Pérez, desde la institución respondieron que incorporó un "blindaje balístico, cuyos estándares fueron indicados según la experiencia y análisis de la entidad policial en la materia".
Por último, la Contraloría precisó que en la adjudicación del contrato no prima el precio de la oferta, sino "que aquel que en su conjunto otorgue las mejores condiciones según el servicio requerido".
En 2025 el mismo medio, dio a conocer que la Dorothy Pérez había experimentado su primer avance en seguridad, tras aumentar tanto su dota de guardaespaldas como el control al edificio de la Contraloría. De la misma forma, en ese entonces, la contralora adquirió un nuevo vehículo: un SUV Toyota 4Runner.
El auto costó cerca de $48 millones y desde la misma entidad argumentaron que la decisión se debía a que su vehículo anterior tenía más de 10 años de antigüedad y que había sido adquirido mediante licitación.
La seguridad de la contralora, según Informe Especial, es considerado inédito en comparación con el que tienen figuras, incluso, del Poder Judicial. En ese sentido, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, no cuenta con un automóvil de estas características.
De hecho, la presidenta del máximo tribunal ha sostenido que esas medidas de seguridad deberían aplicarse para quienes tramitan causas relacionadas con el crimen organizado.