Dictamen de la Contraloría dejó en suspenso la incorporación de 4.949 armadores artesanales a siete pesquerías contempladas en Ley de Fraccionamiento.
Imagen referencial sobre pesca artesanal en Chile - Agencia Uno
La Contraloría Regional de Valparaíso acogió una presentación realizada por Sonapesca y declaró que una resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) no se ajustó a derecho, dejando en suspenso la incorporación de miles de pequeños armadores artesanales a diversas pesquerías del país.
La decisión afecta directamente a 4.949 armadores artesanales que esperaban acceder a las pesquerías de jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola, en el marco de la implementación de la Ley N.º 21.752, que modificó el sistema de fraccionamiento de cuotas pesqueras entre los sectores industrial y artesanal.
El 10 de junio de 2026, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió el Oficio N.º OF110267/2026, mediante el cual concluyó que la Resolución Exenta N.º 2.563 de 2025 de Subpesca incumplió requisitos legales en su tramitación.
La resolución instruía al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) incorporar de oficio al Registro Pesquero Artesanal a armadores propietarios de una o dos embarcaciones que cumplieran determinadas condiciones, permitiéndoles participar en las pesquerías beneficiadas por el nuevo fraccionamiento.
Según el organismo contralor, Subpesca no acreditó haber realizado consultas previas al Consejo Zonal de Pesca y al Comité de Manejo correspondiente, requisito establecido en el artículo 48 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Por ello, la Contraloría ordenó regularizar el procedimiento en un plazo de 15 días hábiles y señaló que la autoridad deberá evaluar las medidas administrativas contempladas en la Ley N.º 19.880.
La acción fue presentada por Felipe Sandoval Precht en representación de Sonapesca, federación gremial que reúne a las principales empresas vinculadas a la pesca industrial en Chile.
El recurso también contó con el respaldo de representantes de algunas organizaciones artesanales afines a dicha postura. Desde el sector artesanal, sin embargo, la decisión fue interpretada como un intento por impedir la implementación efectiva de la nueva distribución de cuotas aprobada por el Congreso.
Casi 5 mil armadores de ocho regiones quedan en incertidumbre
De acuerdo con cifras de Sernapesca, la resolución cuestionada beneficiaba a 4.949 armadores artesanales distribuidos en 296 caletas de ocho regiones del país.
La distribución de los beneficiarios era la siguiente:
Dirigentes del sector señalan que numerosos pescadores realizaron inversiones para adquirir embarcaciones y equipamiento con la expectativa de acceder a estas pesquerías una vez implementada la nueva normativa.
La pesca artesanal en Chile involucra más de 13.000 embarcaciones activas y genera cerca de 100.000 empleos directos e indirectos.
El presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés Bernal, sostuvo que los pescadores artesanales buscan ejercer un derecho reconocido por el Congreso mediante la aprobación de la nueva ley de fraccionamiento.
"Los pescadores artesanales quieren acceder a los recursos del mar de forma transparente y dentro de la ley. No están pidiendo ningún privilegio: están ejerciendo un derecho que el propio Congreso les reconoció al aprobar el nuevo fraccionamiento. Lo que hizo SONAPESCA ante la Contraloría es lo mismo que ha hecho en el Congreso y en cada instancia donde puede: usar su poder y sus abogados para impedir que más familias puedan vivir dignamente del mar” (Hernán Cortés)
Desde la organización afirmaron que la acción impulsada por Sonapesca tiene como efecto práctico impedir que nuevos armadores artesanales accedan a recursos pesqueros históricamente concentrados en el sector industrial.
Condepp y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal anunciaron que estudian acciones legales para revertir el dictamen y permitir la continuidad del proceso de incorporación al Registro Pesquero Artesanal.
Las agrupaciones solicitaron al subsecretario de Pesca y Acuicultura subsanar el defecto procedimental identificado por la Contraloría mediante la realización de las consultas exigidas por la ley.
Asimismo, pidieron mantener vigente la Resolución N.º 2.563 para resguardar los derechos de los armadores que realizaron inversiones, asegurar la implementación de la Ley N.º 21.752 y avanzar en una distribución más equilibrada de los recursos pesqueros.
La controversia abre un nuevo capítulo en la disputa entre los sectores industrial y artesanal por el acceso a las cuotas de captura, uno de los debates más relevantes que enfrenta actualmente la actividad pesquera chilena.
