El sector de la pesca artesanal arremetió contra los funcionarios públicos vinculados a la red de comercio ilegal de recursos pesqueros.
Pesca artesanal arremete contra el Estado tras desarticulación de red ilegal de comercio de recursos pesqueros.
La pesca artesanal arremetió contra el Estado tras la denominada “Operación Nereida”, culminó con más de medio centenar de detenidos y la desarticulación de una organización que habría movilizado cerca de $9.000 millones mediante la comercialización ilícita de especies como merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos.
La compleja red de tráfico ilegal de recursos marinos en el sur de Chile involucraría a funcionarios públicos y actores del sector pesquero.
Entre los aprehendidos figura el exdirector regional subrogante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en Los Ríos, Guillermo Quiroz, además de efectivos en servicio activo de Carabineros de Chile.
Según los antecedentes, estos últimos habrían facilitado información confidencial sobre fiscalizaciones y controles, permitiendo el funcionamiento de una red que también incluía transportistas y comerciantes integrados en toda la cadena operativa.
De acuerdo con la investigación, los delitos asociados al caso comprenden asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos e infracciones a la normativa pesquera vigente. Las operaciones ilegales se desarrollaban principalmente en la zona austral, afectando recursos considerados sobreexplotados.
La revelación de estos hechos generó una fuerte reacción del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), cuyo presidente, Hernán Cortés, expresó su condena al entramado delictual.
"Esta red no es solo una banda de comerciantes inescrupulosos: es crimen organizado que infiltró al Estado. Por años hemos denunciado que la pesca ilegal no destruye solamente los recursos marinos y el trabajo de las familias de pescadores artesanales; también corrompe las instituciones que deben protegerlos. Hoy tenemos la confirmación más brutal de ello", expresó.
El dirigente argumentó que esta red que operaba en la zona austral "tiene todas las características del crimen organizado: estructura jerárquica, distribución de roles, corrupción de funcionarios, uso de personas jurídicas para blanquear operaciones, y una cadena logística que conecta Calbuco con Los Ríos a través de rutas nocturnas protegidas por quienes debían fiscalizarlas".
En la misma línea, criticó el voto en contra del oficialismo en el Senado respecto al levantamiento del secreto bancario, en el marco del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.
"Resulta absolutamente contradictorio que la derecha política haya insistido durante años en la necesidad de combatir la pesca ilegal, para que esta misma semana 24 senadores de ese sector voten en contra de levantar el secreto bancario frente a las sospechas de la Unidad de Análisis Financiero.
En ese sentido, "no se puede proclamar la lucha contra la pesca ilegal y al mismo tiempo bloquear las herramientas que permiten seguir el dinero. Esa contradicción no es menor: es política".
Desde la organización también se plantearon medidas concretas frente a la gravedad del caso. Entre ellas, solicitaron al Ministerio Público una investigación exhaustiva que abarque tanto a personas naturales como jurídicas, además de clasificar los hechos dentro del marco del crimen organizado.
Asimismo, instaron al Gobierno a reforzar de manera urgente los recursos —tanto humanos como tecnológicos y presupuestarios— de Sernapesca y de las entidades encargadas de la inteligencia financiera y policial.
