La indagatoria se originó tras una denuncia por el eventual uso de un vehículo institucional durante una actividad nocturna de celebración.
Natalia Duco suma otro problema al mando del Ministerio del Deporte - Agencia Uno
La Contraloría General de la República inició una investigación para esclarecer el eventual uso irregular de un vehículo fiscal asignado a la ministra del Deporte, Natalia Duco, luego de una denuncia que apunta a un traslado realizado durante una actividad nocturna de celebración.
Según informó La Tercera, el organismo contralor recibió antecedentes relacionados con el uso del automóvil institucional y abrió un procedimiento para determinar si la utilización del vehículo se ajustó a la normativa que regula los automóviles fiscales destinados a autoridades y funcionarios públicos.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y, hasta ahora, no existe una resolución de Contraloría que determine responsabilidades administrativas ni que establezca una infracción por parte de la secretaria de Estado.
De acuerdo con los antecedentes difundidos, la denuncia sostiene que un automóvil fiscal habría sido utilizado para trasladar a Natalia Duco durante una actividad nocturna de celebración.
El organismo fiscalizador deberá analizar los antecedentes disponibles para establecer si el uso del vehículo correspondía a funciones propias del cargo o si existió un eventual incumplimiento de las disposiciones que regulan el uso de bienes públicos.
La normativa sobre vehículos fiscales establece que estos deben ser utilizados exclusivamente para actividades vinculadas al cumplimiento de funciones públicas, salvo las excepciones establecidas en la regulación vigente.
La apertura de esta investigación no implica una sanción ni una conclusión anticipada sobre la actuación de la ministra Natalia Duco. El procedimiento tiene como objetivo recopilar información y determinar si corresponde adoptar alguna medida administrativa.
Hasta el cierre de esta información, los antecedentes publicados sobre el caso daban cuenta del inicio de la investigación por parte de Contraloría, sin que se conociera un pronunciamiento definitivo del organismo ni una resolución sobre eventuales responsabilidades.
