La exministra de Seguridad defendió el oficio enviado a la PDI por riesgos asociados al crimen organizado, mientras el Gobierno respaldó su gestión pese al duro dictamen de Contraloría.
Exministra Trinidad Steinert - Agencia Uno
La polémica en torno a la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert continúa escalando luego del dictamen de la Contraloría General de la República, que concluyó que la exsecretaria de Estado excedió sus atribuciones legales al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI) relacionada con una investigación penal en curso.
El pronunciamiento del organismo fiscalizador estableció que la actuación de Steinert no se ajustó a las competencias que la ley entrega al Ministerio de Seguridad Pública y, además, vulneró su deber de abstención, considerando que la investigación correspondía a una causa que ella había dirigido previamente cuando ejercía como fiscal regional de Tarapacá.
La controversia surgió tras un oficio reservado enviado el 13 de marzo de 2026, apenas dos días después de asumir como ministra, mediante el cual solicitó antecedentes sobre funcionarios de la PDI vinculados al denominado caso Clan Chen, una investigación por crimen organizado desarrollada en el norte del país.
Pese al contundente dictamen, el gobierno del presidente José Antonio Kast descartó realizar una autocrítica por el respaldo entregado previamente a la exministra.
El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que el Ejecutivo respeta la resolución de la Contraloría, pero defendió la gestión de Steinert.
"Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error", sostuvo Alvarado, agregando que el organismo fiscalizador determinó una falta al deber de abstención, una situación que, según indicó, puede presentarse en distintas instancias de la administración pública. Asimismo, destacó el aporte realizado por la exministra durante su permanencia en el gabinete.
Las declaraciones marcaron el respaldo oficial del Gobierno, pese a que el dictamen concluyó que el requerimiento efectuado por Steinert no estaba amparado por las atribuciones legales de su cargo.
En los antecedentes entregados a la Contraloría durante la investigación administrativa, Trinidad Steinert explicó que el oficio reservado tuvo como objetivo conocer la situación de funcionarios policiales que habían participado en investigaciones de alta complejidad.
Según su versión, la solicitud respondió al temor por eventuales riesgos derivados del crimen organizado, especialmente considerando el nivel de exposición de los detectives involucrados en causas sensibles desarrolladas cuando ella encabezaba la Fiscalía Regional de Tarapacá.
No obstante, la Contraloría concluyó que esos argumentos no justificaban legalmente requerir información que podía afectar una investigación penal vigente, recordando que las facultades del Ministerio de Seguridad deben ejercerse únicamente dentro de los objetivos establecidos por la ley.
