El Tercer Juzgado de Familia de Santiago mantuvo la pensión para una hija de 28 años con discapacidad severa del 80%, pese a que trabaja.
Juzgado de Familia de Santiago / Poder Judicial
Una madre solicitó terminar la pensión de alimentos que pagaba a su hija de 28 años, argumentando que ya había obtenido un título profesional y trabajaba. Sin embargo, el Tercer Juzgado de Familia de Santiago rechazó la demanda al considerar su discapacidad severa y concluir que tener empleo no significa necesariamente alcanzar autosuficiencia económica.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la pensión había sido aumentada mediante un acuerdo judicial en 2020 a $650.000 mensuales, cifra que, producto de su mecanismo de reajuste, actualmente alcanzaba $1.079.735. La madre pidió poner término al pago o, subsidiariamente, reducirlo a $150.000.
Entre sus argumentos sostuvo que su hija había terminado sus estudios, era educadora diferencial y tenía herramientas para incorporarse al mercado laboral. También planteó que sus propios ingresos habían disminuido y que enfrentaba problemas de salud.
Durante el juicio se acreditó que la hija tiene una discapacidad visual severa y permanente del 80%, registrada con carácter vitalicio desde 2022. Además, presenta ceguera funcional, acromatopsia congénita, fotofobia extrema, disautonomía severa y trastorno del espectro autista nivel I.
Pese a estas condiciones, obtuvo su título de profesora de Educación Diferencial y se incorporó al mundo laboral, con un sueldo promedio imponible cercano a $1.350.000.
El tribunal sostuvo, sin embargo, que trabajar no demuestra automáticamente que una persona con discapacidad pueda mantenerse sin ayuda. La jueza Susan Fabiola Sepúlveda Chacama concluyó que su capacidad profesional y laboral “no equivale jurídicamente a autosuficiencia económica plena”.
La sentencia consideró que requiere apoyos permanentes, entre ellos un perro guía, lector de pantalla, tecnologías accesibles, movilización especializada y tratamientos terapéuticos. Sus gastos familiares fueron establecidos en $2.416.195 mensuales.
Al analizar la situación de la madre, el tribunal estableció que percibía ingresos disponibles cercanos a $8,5 millones mensuales, provenientes de su actividad profesional y rentas, además de administrar dos sociedades y contar con un patrimonio inmobiliario significativo.
La jueza concluyó que existía una “extrema asimetría económica entre las partes” y destacó que la propia madre reconoció que continuar pagando la pensión no le impedía solventar sus necesidades.
Por estas razones, el Tercer Juzgado de Familia de Santiago rechazó tanto el cese como la rebaja solicitada y condenó en costas a la demandante.
