El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró admisible este miércoles el requerimiento presentado por diputados de oposición contra el proyecto que modifica la Ley 21.040 para permitir la postergación del traspaso de establecimientos educacionales municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
La decisión suma un nuevo trámite a la iniciativa, que ya se encontraba en el TC, y retrasa su promulgación hasta que exista una sentencia.
La magistratura aún no se pronuncia sobre el fondo ni ha determinado si el proyecto vulnera la Constitución. Su resolución implica que el requerimiento cumple con las exigencias formales para ser analizado.
¿Qué reclama la oposición?
El requerimiento (Rol 18.274-26) ingresó el 15 de noviembre con la firma de 58 diputados —su representante es la diputada Emilia Schneider (FA)—, más de la cuarta parte de la Cámara, como exige la Constitución.
La acción impugna las normas que reemplazan y agregan disposiciones al artículo décimo transitorio de la Ley 21.040, además del artículo primero transitorio del proyecto, y plantea tres argumentos.
Primero, sostiene que una de las disposiciones fue aprobada en el Congreso sin alcanzar el quórum que exige la Constitución para ese tipo de normas. Segundo, afirma que el texto afecta la igualdad ante la ley y el derecho a la educación, así como el contenido esencial de esos derechos. Tercero, alega que se regulan materias por una vía distinta a la que manda la Constitución, lo que infringiría la llamada “reserva legal”.
Detrás del reclamo jurídico hay también una discusión política. Durante la tramitación en el Senado se eliminó el inciso que obligaba a los municipios autorizados a postergar a completar el traspaso a más tardar en 2035. Para la oposición, ese cambio permitiría que algunos municipios mantengan indefinidamente la administración de sus colegios y daría paso a un sistema “híbrido” en que SLEP y municipios coexistirían de forma permanente.
El gobierno, en cambio, ha argumentado que no existe evidencia de que el cambio de sostenedor mejore por sí solo la calidad educativa y ha descartado que el proyecto busque instalar un sistema mixto. Entre los defensores de la iniciativa está el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien acusó a la oposición de inconsecuencia por recurrir a un tribunal que antes criticaba y advirtió que el requerimiento prolonga la incertidumbre para las comunidades escolares.
Los próximos pasos
Tras esta resolución, la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados tendrán cinco días desde su notificación para enviar sus observaciones al Tribunal. El TC, por su parte, cuenta con diez días para dictar sentencia, plazo prorrogable por otros diez.
Mientras tanto, el control preventivo obligatorio de constitucionalidad que ya se realizaba sobre el mismo proyecto (Rol 18.257-26) quedará en pausa hasta que se resuelva el requerimiento.
Si el Tribunal acoge el reclamo, total o parcialmente, las normas declaradas inconstitucionales serán eliminadas del texto. Si lo rechaza, el proyecto continuará en el control preventivo y, una vez superado ese trámite, quedará en condiciones de ser promulgado y publicado como ley.