El diputado Gonzalo Winter (FA) ofició a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa para que expliquen por qué Chile suscribió, junto a otros 11 países, a una carta oficial que pide convocar a un órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco del Escudo de las Américas.
El TIAR, firmado en Río de Janeiro en 1947, es un pacto de defensa mutua entre los Estados americanos que lo integran y una de sus cláusulas más conocida establece que un ataque armado contra uno de ellos se considera un ataque contra todos.
Sin embargo, esta solicitud no invoca esa disposición, sino al artículo 6, que se aplica cuando un Estado se ve afectado por “una agresión que no sea ataque armado” o por cualquier otra situación que pueda poner en peligro la paz del continente.
“Hemos oficiado a Cancillería y al Ministerio de Defensa para que expliquen por qué Chile suscribió una declaración que busca activar el TIAR, después de haber negado reiteradamente que nuestra adhesión al Escudo de las Américas tuviera relación con ese tratado”.
¿Qué solicitó Chile?
De acuerdo con una investigación de El Mostrador, el embajador de Chile ante la OEA, José Miguel Castro, firmó un documento dirigido a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, Mónica Palencia, que solicita que el Consejo se reúna el jueves 19 de noviembre de 2026 como órgano provisional de consulta del TIAR, para abordar el avance del terrorismo y de las redes delictivas transnacionales.
La reunión no está confirmada: según el reglamento del Consejo Permanente, este debe decidir por mayoría absoluta si se celebra. La carta la firman 12 de los 19 Estados parte del TIAR: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. También la respaldan Bolivia, Ecuador y Guyana, que son miembros de la OEA pero no forman parte del tratado.
Frente a este escenario, Winter cuestionó duramente a La Moneda y apuntó a la influencia de la Casa Blanca en la política exterior chilena. “No pueden comprometer al país en estrategias de defensa y asistencia militar a espaldas del Congreso y de la ciudadanía. Chile no tiene por qué involucrarse en las aventuras expansionistas de Donald Trump”, sostuvo el legislador.
Los dichos previos del Gobierno
La inquietud en el Parlamento se debe a que, en octubre, el canciller Francisco Pérez Mackenna había descartado alcances bélicos o de defensa colectiva al defender ante los congresistas la integración de Chile al Escudo de las Américas.
En esa ocasión aseguró que el pacto solo reportaría “más información para actuar contra las bandas criminales, capacitación para Carabineros y la Policía de Investigaciones, y mejor coordinación en las fronteras con Argentina, Bolivia y Perú”.
El vínculo con el TIAR, sin embargo, no es nuevo. La Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía de las Américas —texto con al que Chile adhirió en el Escudo de las Américas—, firmada el 22 de septiembre de 2026, ya expresaba la intención de los participantes de pedir a la OEA la constitución de un órgano de consulta bajo ese tratado.
La declaración fue difundida entonces por el Departamento de Estado de EE.UU. Lo novedoso es que esa intención se materializó ahora en una solicitud formal que lleva la firma de Chile.
¿Qué dice la carta?
Los países firmantes sostienen que la amenaza más inmediata para el continente proviene de “los grupos delictivos organizados dedicados al narcotráfico transnacional y al terrorismo”.
Según la carta, esto constituye una situación que pone en peligro la paz y la seguridad regional en los términos del artículo 6, y por eso proponen coordinar una acción colectiva. Subrayan, además, que esa acción “no estará dirigida contra ningún Estado miembro ni implicará el uso de la fuerza armada”.
El documento precisa que su objetivo es iniciar el proceso de consulta y que no prejuzga las medidas que finalmente pueda adoptar el órgano de consulta en virtud del artículo 8 del tratado.
Ese artículo contempla medidas que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas y la interrupción de relaciones económicas hasta el empleo de la fuerza armada. La carta afirma que cualquier acción futura se ajustará a la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, el propio TIAR y el derecho internacional, “respetando los principios de soberanía, integridad territorial, no intervención y solución pacífica de controversias”.